Abogada revela cambios para migrantes con green card: investigar, restringir y deportar
La experta Ingrid Echeverría advierte sobre un incremento en los controles a residentes legales al regresar de viajes al extranjero.


La abogada experta en inmigración Ingrid Echeverría alertó sobre una serie de cambios que afectan a los migrantes con green card en Estados Unidos. Según su análisis, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició una estrategia para investigar a residentes permanentes legales, con un enfoque especial en quienes regresan de viajes al extranjero.
En una entrevista con NJ.com, Echeverría sostuvo que la ofensiva apunta a "investigar, restringir y deportar a algunos residentes permanentes legales". La letrada definió el nuevo sistema como "una estrategia para dificultar que la gente permanezca en EE.UU.", dado que estas personas ya completaron el proceso legal y obtuvieron la residencia permanente.
El DHS implementó reformas para realizar una revisión más estricta de los beneficiarios de la green card. Una unidad especializada analiza miles de casos, priorizando preocupaciones de seguridad nacional y antecedentes penales. Echeverría afirmó que el nuevo proceso "va más allá del sistema habitual ya vigente".
En 2026 se reportó un considerable aumento en las detenciones de titulares de la green card cuando regresan de viajes al extranjero. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen autoridad para detener a ciertos viajeros e interrogarlos en detalle, y pueden remitirlos a un tribunal de inmigración. Aunque esta práctica se dirige principalmente a pasajeros sospechosos, Echeverría señaló que muchos extranjeros sin historiales delictivos fueron sometidos a verificaciones secundarias. "Lo importante es que muchas de las personas que vemos en las inspecciones secundarias no tienen antecedentes penales que normalmente las harían inelegibles para mantener su estatus de residente permanente", expresó.
Tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Blanche v. Lau, los residentes permanentes enfrentan un nuevo panorama. La resolución impacta a los beneficiarios vinculados con delitos incluidos en la sección 1182(a)(2) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Entre las acciones penadas aparecen infracciones catalogadas como delitos de bajeza moral, como fraude, robo o falsificación, y ciertos crímenes relacionados con drogas.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), los grupos que enfrentan mayores riesgos al viajar son aquellos con antecedentes penales o que hayan estado fuera del país por períodos prolongados. Echeverría remarcó que incluso cuando una persona está detenida o en proceso de expulsión, aún puede haber opciones disponibles: "Hay mucha desinformación y miedo en la comunidad, pero cada caso merece una evaluación legal individual". Como principal recomendación, instó a los inmigrantes con casos pendientes a buscar asesoramiento legal.
Fuente: Lanacion.
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