Advance Parole: qué cambió para los migrantes con TPS o DACA y quiénes no se ven afectados

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) anuló un fallo que permitía a los inmigrantes viajar con un permiso adelantado, conocido como Advance Parole, sin que se considerara una salida. Desde el 13 de agosto de 2026, esa interpretación cambió: ahora, cualquier viaje fuera de Estados Unidos con ese permiso se considera una salida formal y puede activar prohibiciones de reingreso para quienes acumularon presencia ilegal en el país.

La decisión, conocida como DelCarmen-Lara, revoca el precedente Matter of Arrabally and Yerrabelly, que regía desde 2012. El nuevo criterio afecta directamente a los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y del TPS (Estatus de Protección Temporal), que ahora se exponen a castigos de inadmisibilidad si salen del país y quieren regresar.

Según el documento de la BIA, “el caso de Arrabally y Yerrabelly queda anulado. El texto legal no contiene lenguaje limitativo que exima ciertas desviaciones de esta definición”. El fallo surgió del caso de una ciudadana de El Salvador que tenía una orden de deportación desde 2008, obtuvo DACA en 2013 y, en 2024, usó un Advance Parole para viajar y reingresar con la intención de ajustar su estatus a través de su esposo ciudadano. Al revisar su moción, la BIA decidió cambiar la interpretación legal.

Los abogados de inmigración advierten que los beneficiarios de TPS o DACA que planeen viajar al exterior con Advance Parole podrían ser vetados de reingresar o separados de sus familias por años, incluso si su permiso fue aprobado y pagado. Todd Schulte, presidente de FWD.us, calificó la medida como “un paso más de la administración Trump para demonizar y menospreciar a los beneficiarios de DACA”.

El letrado Gustavo Mora explicó a Telemundo 52 que quienes planeaban usar el reingreso con Advance Parole para solicitar la residencia permanente podrían verse obligados a tramitar un perdón de inadmisibilidad. Las sanciones incluyen la prohibición de reingreso por 3 o 10 años, dependiendo del tiempo de presencia ilegal acumulada.

La nueva regla se aplica de forma prospectiva. Quienes salieron de Estados Unidos y regresaron con un Advance Parole antes del 13 de agosto de 2026 no verán activados los castigos por esos viajes pasados. Además, el fallo señala que el Congreso ha creado excepciones o perdones explícitos para ciertos grupos, como los que solicitan el ajuste bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (Nacara) o la Ley de Equidad para los Refugiados Haitianos (Hrifa).