California demanda a Trump para impedir que el ICE acceda a datos de beneficiarios de TANF

El gobierno de California presentó una demanda para frenar una iniciativa de la administración Trump que permitiría compartir información de beneficiarios del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) con agencias federales. En ese sentido, ciertos datos personales podrían quedar en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La acción judicial, encabezada por el fiscal general Rob Bonta junto con una coalición de estados, cuestionó un aviso emitido por la Administración para Niños y Familias (ACF). Este organismo anunció su intención de habilitar el intercambio de registros de personas que reciben esta asistencia económica.

Según las autoridades de California, la medida podría facilitar el acceso del ICE a información utilizada para administrar un programa destinado a familias con bajos ingresos. Esto abriría un nuevo frente de disputa entre el estado y el gobierno federal.

De acuerdo con Bonta, existen tres tipos de información que podrían ser compartidos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si la medida entra en vigor: nombres y direcciones de los beneficiarios, números de seguro social y detalles sobre los montos y la duración de los beneficios. El fiscal general expresó que una de las principales preocupaciones es el posible uso de esos datos para identificar a padres indocumentados cuyos hijos, ciudadanos estadounidenses, reciben legalmente ayuda mediante el programa TANF para cubrir necesidades básicas.

California sostuvo que la transferencia de esa información excede las facultades previstas por la legislación que regula el programa. "La administración Trump está explotando un programa diseñado para garantizar que los niños no pasen hambre y para ayudar a las familias necesitadas a salir adelante, con el fin de impulsar su programa de vigilancia masiva. Es cruel, innecesario e ilegal", dijo Bonta en un comunicado.

La presentación fue realizada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia con el objetivo de impedir que los registros de TANF sean compartidos con otras dependencias federales, incluidos el DHS y el ICE. La demanda argumentó que la ACF carece de autoridad legal para autorizar una divulgación amplia de información personal.

Además, afirmó que la decisión incumple disposiciones de la Ley de Privacidad, de la Ley del Seguro Social y de otras normas federales que resguardan datos sensibles. La coalición de estados también sostuvo que la medida resulta arbitraria porque, según indicaron, no incorpora una explicación suficiente sobre sus efectos ni evalúa el impacto que podría tener sobre familias que dependen de este programa de asistencia.

Los estados que participan en la demanda contra el gobierno federal son: California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin, Colorado, Carolina del Norte, Dakota del Norte y el Distrito de Columbia. El grupo sostuvo que permitir el acceso del DHS a los registros podría reducir la confianza de las comunidades en los programas sociales y desalentar a personas que cumplen los requisitos para solicitar beneficios. Esto, según la demanda, incrementaría la presión sobre los sistemas estatales de asistencia.

En California, alrededor de 350.000 familias reciben apoyo del programa TANF cada mes. A nivel nacional, el programa distribuye aproximadamente US$16.000 millones anuales mediante subvenciones destinadas a los estados.

La demanda se suma a otras iniciativas promovidas por la oficina de Bonta frente a políticas federales relacionadas con el acceso a información personal. Entre ellas figura un escrito presentado junto a otros fiscales generales para impedir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comparta direcciones e información confidencial de contribuyentes con el ICE.

Según la postura de California y de la coalición interestatal, utilizar datos tributarios con fines migratorios podría afectar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. También, la medida provocaría una disminución de la recaudación y generaría efectos sobre distintos programas estatales que dependen de esa información.

Fuente: Lanacion.