California sanciona ley electoral contra interferencia: hasta 3 años de prisión

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe a agentes policiales, incluidos federales, acceder, interrumpir o incautar registros de votantes y tecnología electoral sin orden judicial. El Senate Bill 73 (SB 73) entró en vigor de manera inmediata y llega días antes de las primarias estatales del 2 de junio. La normativa, impulsada por los senadores estatales Cervantes y Umberg, fija penas de hasta tres años de prisión para quienes la violen.

Las sanciones son severas: quienes incumplan la ley enfrentan multas penales y penas de hasta tres años de cárcel. Al anunciar la firma, Newsom fue directo en sus redes sociales: "A quienes estén considerando hacer el trabajo sucio de la administración Trump intimidando a los votantes de California: esta es su advertencia. Multas penales. Hasta tres años de prisión".

El detonante de la ley fue un episodio concreto en el condado de Riverside. El sheriff Chad Bianco incautó más de 650.000 boletas durante la elección especial de la Proposición 50 del otoño pasado. El fiscal general Rob Bonta frenó esa acción mediante recursos legales. Ese caso volvió urgente la necesidad de una cobertura legal explícita para prevenir situaciones similares.

La norma también se dirige a problemas en el condado de Shasta. Allí, Clint Curtis fue designado registrador electoral en 2024 sin experiencia previa en administración electoral. El SB 73 autoriza al fiscal general y al secretario de Estado de California a anular la autoridad de un funcionario electoral del condado en circunstancias específicas, como permitir personal armado en centros de votación.

Para los votantes registrados, la ley ofrece una garantía adicional: sus datos electorales y boletas no pueden ser incautados sin respaldo judicial, ni siquiera por agentes federales. Para los trabajadores electorales, la norma refuerza su protección frente a interferencias durante sus funciones. Y para condados con funcionarios designados sin experiencia o conducta cuestionable, la ley abre la puerta a intervención directa del estado.

Las primarias del 2 de junio serán la primera prueba práctica del alcance de la norma. El fiscal general Bonta, quien ya intervino en Riverside, quedará en posición central para aplicarla si surge una nueva disputa electoral. La medida refuerza la estrategia de California para proteger la integridad del proceso electoral frente a posibles interferencias.