La Corte Suprema y las fragilidades políticas del gobierno de Milei

La Corte Suprema rechazó una cautelar de la Cámara Federal de La Plata que declaraba inconstitucional el DNU 70/2023 por considerar que amenaza la soberanía nacional. Con esa decisión, el máximo tribunal desactivó por ahora un avance opositor que podía dejar sin efecto la norma que libera la compra de tierras por parte de extranjeros, uno de los pilares de la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El decreto, redactado por el entonces ministro Federico Sturzenegger, deroga en su artículo 154 la ley 26.377 sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, que limitaba la cantidad de hectáreas que podía adquirir un extranjero. La norma había sido objetada por un grupo de excombatientes de Malvinas, que obtuvieron un fallo favorable en la Cámara Federal de La Plata. La Corte sostuvo que los excombatientes no tienen personería para representar a todos los afectados en términos de soberanía.

La resolución no calmó el escenario político. La oposición endureció su agenda y ahora apunta a voltear el decreto en la Cámara de Diputados, donde la sesión de esta semana podría definir su suerte. El DNU ya fue rechazado en el Senado. Si Diputados acompaña ese rechazo, el decreto desaparece y con él buena parte del andamiaje reformista del Gobierno.

Ante ese riesgo, dos jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, propusieron emitir una aclaración para bajar el malestar y dejaron entrever que ante otro caso podrían fallar distinto. El otro caso llegó: la organización Árbol de Pie, del sur del país, pidió una cautelar en nombre del medio ambiente para que se reponga la ley de Cristina Kirchner.

Carlos Rosenkrantz se opuso a tratar el tema y a darle la razón al pedido ambientalista. Esa disidencia obligó a convocar a dos conjueces. En el sorteo resultaron elegidos Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación, y Horacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos tienen vínculo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: Barroetaveña ya había intervenido en la causa de la AFA para que el expediente vaya a Campana, y Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, el padre del ministro.

El episodio expone las fragilidades políticas del oficialismo y se cruza con otros frentes abiertos: el malestar económico, las diferencias con el ministro de Economía Luis Caputo, el misterio en torno a la privatización de Aysa y las dificultades del oficialismo para conseguir votos de gobernadores en el Congreso. La discusión sobre las tierras funciona como síntoma de un problema mayor: cuáles serán los términos, las probabilidades y el escenario electoral del año que viene.

En paralelo, el Gobierno enfrenta una agenda opositora cada vez más agresiva, que incluye el financiamiento y la política hacia las personas con discapacidad y el nivel de intervención del Estado ante la mora de familias que no pueden pagar sus deudas bancarias. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Ejecutivo incluye un capítulo sobre tierras, lo que abre una nueva instancia de disputa.

Mientras tanto, la vida pública sigue dominada por problemas de fondo, como la caída de la educación argentina y la tensión en los mercados, que no acompañan la expectativa oficial. A eso se suma la ofensiva del Presidente contra las PASO y la prensa, en un contexto donde cada votación en el Congreso se vuelve decisiva.