Deportaciones masivas: el DHS compró 11 almacenes para el ICE pero frenó casi todos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) destinó más de 1000 millones de dólares a comprar grandes almacenes para convertirlos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, demandas judiciales y violaciones a normativas vigentes obligaron a la agencia a frenar la mayoría de las obras.

El plan arrancó en diciembre de 2025 y entre enero y abril de 2026 el ICE compró 11 propiedades por unos US$1074 millones. Para sostener ese despliegue, el Congreso asignó un presupuesto de US$45.000 millones para tareas de arresto y deportación.

El objetivo central fue resolver la escasez de espacio en los recintos estatales y acelerar las expulsiones en todo Estados Unidos. La entidad buscó transformar esas naves comerciales en cárceles operativas con capacidad masiva de procesamiento.

La ejecución del proyecto, igual, enfrentó problemas técnicos e imprevistos desde las primeras fases de remodelación en los distintos estados. Las complicaciones operativas alteraron el cronograma original, que hoy está paralizado en su gran mayoría.

Las autoridades frenaron las obras en 10 de los 11 almacenes por demandas judiciales, órdenes de tribunales y violaciones a las normativas ambientales locales. Además, las naves industriales incumplen los estándares municipales de infraestructura, agua potable y red de alcantarillado.

Un caso testigo ocurrió en Salt Lake City, donde la agencia pagó US$145,4 millones por un inmueble de 833 mil pies cuadrados. La oposición de líderes locales y las acciones legales del condado obligaron al gobierno a cancelar la conversión de la infraestructura.

Los proyectos en Maryland, Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan y Texas también quedaron paralizados por barreras normativas y sobrecostos. En Maryland, el contrato inicial de remodelación fue de US$113 millones y contemplaba opciones que podían elevar su valor hasta US$642 millones.

Un documento de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) difundido el 24 de septiembre de 2026 indica que esos siete almacenes fueron puestos a la venta por el organismo federal. Otros tres proyectos atraviesan litigios legales y obstáculos administrativos que pausaron las obras.

Así las cosas, solo el proyecto ubicado en San Antonio conserva el camino abierto para funcionar como centro de procesamiento para 1500 personas por día. Para ese recinto, la agencia otorgó un contrato de US$17,3 millones a la firma GardaWorld Federal Services.

Investigaciones independientes de Project Salt Box señalan que el gobierno pagó precios por encima del valor de mercado en la mayoría de los inmuebles. Los análisis inmobiliarios revelan una prima promedio de entre el 12% y el 13% sobre operaciones comparables.

En Socorro, Texas, el departamento desembolsó US$123 millones por tres almacenes con una valoración previa de US$11 millones. En Flowery Branch, Georgia, el Estado pagó US$68 millones por una finca cotizada antes en US$400 mil.

Ante estas irregularidades, la Oficina del Inspector General del Departamento abrió una auditoría formal sobre el proceso de compra. Legisladores y organizaciones civiles denunciaron improvisación en la planificación de las obras.