La oposición busca voltear el DNU 70/23 y pone en riesgo el equilibrio fiscal

La Cámara de Diputados tratará el jueves 15 el rechazo al DNU 70/23, la norma central del programa económico de Javier Milei. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024 y llevaba más de dos años y medio sin tratamiento en la cámara baja. La votación pone en juego el equilibrio fiscal, sostén de la estabilización.

El artículo 154 del DNU, referido a la venta de tierras a extranjeros, había sido restablecido por la Corte Suprema de Justicia y suspendido otra vez poco después. El rechazo al decreto no afectaría solo esa norma: alcanzaría a la principal herramienta con la que el gobierno busca dar previsibilidad a los pesos y a las inversiones.

El déficit cero funciona como bastión del plan oficial. Sin moneda propia de referencia, limitar los gastos a los ingresos es la única vía para que los ahorristas coloquen pesos a plazo fijo sin temor a otra devaluación y para que los extranjeros concreten inversiones. Esa lógica deja afuera demandas sociales insatisfechas, porque la economía argentina no creció per cápita entre 2011 y 2023.

La discusión se da en un contexto de reclamos diversos: discapacidad, vivienda, educación, transporte, tarifas y alquileres, entre otros. Cualquiera de esos pedidos, magnificado de forma individual, puede golpear a un gobierno. En España, el caso de Maricarmen Abascal, la jubilada que murió a los 87 años tras ser desalojada de su piso alquilado, puso a Pedro Sánchez contra las cuerdas.

La historia argentina registra varios episodios en los que intervalos de estabilidad se interrumpieron. En 1964, Arturo Illia anuló los contratos petroleros y dispuso la primera pesificación de ahorros en bancos. En 1973, Héctor Cámpora nacionalizó los depósitos e impulsó el Pacto Social que derivó en el “Rodrigazo” de 1975. Domingo Cavallo estatizó la deuda privada en 1982 y Raúl Alfonsín adoptó el Plan Austral con desagio y default unilateral en 1985.

Más tarde, Carlos Menem canjeó depósitos por bonos con el Plan Bonex en 1989. A pesar del blindaje del FMI en 2000, Fernando de la Rúa aplicó el corralito en 2001. Desde 2003, el kirchnerismo avanzó sobre los marcos regulatorios de los servicios concesionados: cortó el suministro de gas a Chile en 2004, estatizó empresas privatizadas, incautó los fondos de las AFJP en 2008 y expropió YPF en 2012.

Ese recorrido incluyó el octavo default en 2014, una reestructuración de deuda en 2020 y el falseamiento de índices del Indec. El cepo cambiario dejó al país sin reservas. Limpiar ese prontuario es, según el oficialismo, el objeto del déficit cero. La votación del jueves 15 definirá si esa estrategia continúa o si se abre un nuevo capítulo de incertidumbre.