El Gobierno licitará ampliación de red eléctrica en el AMBA con financiamiento privado

El Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para licitar la ampliación de la red de transporte eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un proyecto considerado estratégico para reducir cortes de luz y resolver cuellos de botella estructurales del sistema. La iniciativa se desarrollará bajo un esquema de concesión de obra pública con financiamiento privado garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La principal innovación del modelo es que la empresa adjudicataria recuperará inversión de manera gradual, conforme avance la construcción, mediante ingresos provenientes de tarifas vinculadas a hitos parciales de ejecución. El repago se incorporará al componente de transporte de las facturas eléctricas que pagan los usuarios, uno de los cuatro segmentos que integran la boleta junto con generación, distribución e impuestos.

Según fuentes con conocimiento del proyecto, el objetivo es atraer inversores a una infraestructura que demandará entre US$700 y US$800 millones. El BID aportará una garantía parcial de US$200 millones al concesionario ganador. El plazo de ejecución previsto ronda los 52 meses y el repago se extendería durante siete años, mientras que la concesión comprende un período de operación y mantenimiento de al menos 15 años.

La obra, denominada "AMBA I", incluye la construcción de más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión y nuevas estaciones transformadoras para reforzar el abastecimiento en el principal centro de consumo del país. La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla 16 proyectos prioritarios para reforzar la red de alta tensión.

Este modelo representa un cambio respecto de los esquemas analizados inicialmente por la administración. El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, habían impulsado crear un cargo fijo en las boletas eléctricas para fondear obras de transmisión, pero la propuesta no avanzó tras objeciones internas. La alternativa analizada después fue concesiones donde las empresas recuperaban inversión recién al finalizar toda la infraestructura.

Sin embargo, el sector advertía que ese mecanismo encarecía el financiamiento por los largos plazos de ejecución y los antecedentes de congelamiento tarifario en Argentina. La duda era a qué tasa los bancos estarían dispuestos a prestar para proyectos de recuperación prolongada y expuestos a cambios políticos o regulatorios. El nuevo modelo busca resolver ese obstáculo permitiendo ingresos tarifarios parciales conforme avanzan los hitos constructivos.

La apuesta oficial responde a la decisión de evitar obras financiadas directamente por el Tesoro, en línea con la estrategia fiscal del Gobierno. La intención es que el sector privado absorba financiamiento, construcción y mantenimiento, mientras el Estado mantiene el rol regulatorio. El subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, confirmó estos lineamientos en exposiciones recientes ante reguladores e inversores en la conferencia Adelatam 2026.

La ampliación del transporte es considerada una urgencia del sector energético. Aunque en años recientes creció la generación eléctrica, especialmente renovable y de gas natural, gran parte de esas inversiones no se aprovecha plenamente por las limitaciones de la red de transmisión, que prácticamente no registró expansiones relevantes en más de una década. El área metropolitana concentra cerca del 40% del consumo eléctrico nacional y arrastra problemas estructurales que derivan en restricciones operativas visibles durante picos de demanda en verano e invierno.

En paralelo, el Gobierno avanza en otras iniciativas. Se lanzará una licitación para incorporar generación térmica modular en nodos críticos definidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), con el objetivo de sumar potencia firme en zonas vulnerables. La Secretaría de Energía también espera recibir nuevas ofertas para un segundo programa de almacenamiento mediante baterías a escala del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), extendiendo el esquema ALMA GBA hacia siete regiones del interior para incorporar unos 700 MW de potencia de reserva.