El Gobierno recortó $59.600 millones a las Fuerzas Armadas en medio de crisis presupuestaria

Las Fuerzas Armadas sufrieron un recorte presupuestario de $59.600 millones a través de la Decisión Administrativa 20/2026, que rebanó un total de $2,5 billones de las cuentas del Estado. El ajuste llega en un contexto de grave crisis que mantiene casi paralizada la obra social de los militares y mientras se espera para diciembre la llegada del segundo lote de seis aviones de combate F-16.

Voceros de las Fuerzas Armadas intentaron minimizar el impacto: "El recorte se distribuyó en distintos proyectos para afectarlos en forma mínima y no detener, ni postergar ninguno", explicaron a Demo Diario. Sin embargo, los números revelan que el ajuste afectará principalmente las partidas destinadas a mejorar el equipamiento militar.

Según los detalles incluidos en la decisión administrativa, los recortes se distribuyen de la siguiente manera: $12.600 millones en el Ejército, $27.040 millones en la Armada, $16.500 millones en la Fuerza Aérea y $3.762 millones en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El Ejército perderá $6.659 millones en maquinarias y equipos de producción, $3.000 millones en transporte y $2.700 millones en equipos militares. Fuentes castrenses sostuvieron que se verán afectados proyectos de inversión en porcentajes mínimos sin impactar el funcionamiento operativo.

La Armada será la fuerza más perjudicada. Deberá reducir $15.220 millones en componentes del alistamiento operacional, incluyendo el proyecto de helicópteros navales livianos por $10.600 millones y servicios de mantenimiento por $2.300 millones. Además, $11.820 millones se recortarán en áreas de sanidad naval, afectando bienes de consumo y servicios profesionales técnicos.

En la Fuerza Aérea, el impacto golpeará el alistamiento operacional. $14.000 millones se reducirán en equipamiento militar y de seguridad, y $2.500 millones en partidas de mantenimiento. Voceros aeronáuticos señalaron que por ahora no hay medidas inmediatas y se analizará cada caso en particular.

El Estado Mayor Conjunto reducirá sus partidas de planeamiento militar en $1.800 millones para ahorrar en maquinaria y equipos de comunicación. La campaña para el sostén logístico antártico tendrá una disminución de $1.962 millones, especialmente en productos químicos, combustible y lubricantes, aunque recibirá un refuerzo de $742 millones para mantenimiento y reparaciones.

El Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Alberto Presti, también sufre recortes. El mantenimiento, la producción y soporte logístico para la defensa perderá $3.300 millones, incluyendo fondos del Fondo Nacional de la Defensa creado para financiar equipamiento. Los servicios de Hidrografía se reducirán en $1.700 millones.

Fuera del área de Defensa, el Plan Antártico que maneja la Cancillería sufrirá un recorte de $46 millones, y las acciones diplomáticas asociadas a la Cuestión Malvinas recibirán $14,3 millones menos.

El general de brigada retirado Oscar Armanelli advirtió sobre la tensión entre la voluntad de reforma estructural de la política de defensa nacional y las severas limitaciones presupuestarias. Expresó particular preocupación por el recorte de casi $2.000 millones en logística antártica, asegurando que "compromete la capacidad de abastecimiento y la proyección de soberanía efectiva en un área de creciente interés global". Armanelli enfatizó que el recorte en la Antártida es geopolíticamente sensible porque "la presencia del Estado no es opcional, sino un requisito para mantener los derechos soberanos a futuro".

El ajuste se conoce semanas después del decreto 314/2026, por el cual el presidente Javier Milei ordenó destinar el 10% del producido de las privatizaciones de empresas estatales al financiamiento de un plan de adecuación y reequipamiento militar. Analistas consideran esta fuente de recursos como un financiamiento aleatorio e insuficiente al no garantizar un flujo constante de fondos.