El Gobierno transfiere $580.000 millones al PAMI para enfrentar su crisis financiera

El Gobierno aprobó este viernes una transferencia de $580.270.262.261 al PAMI para atender lo que definió como su "crítica situación financiera". La resolución, firmada por los secretarios Federico Furiase (Finanzas) y Carlos Jorge Guberman (Hacienda), busca cancelar deudas acumuladas con prestadores sanitarios y garantizar la continuidad de prestaciones médicas en las provincias.

El financiamiento se estructuró mediante la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional con vencimientos escalonados: 33% vence el 31 de julio de 2026, otro 33% el 31 de agosto del mismo año, y el 34% restante el 30 de septiembre. Se trata de deuda interna capitalizable en pesos que el instituto deberá reintegrar.

La decisión surge en medio de una tensión creciente entre el Ejecutivo nacional y gobernadores por las deudas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Desde abril pasado, administradores provinciales —incluso allegados al Gobierno como Martín Llaryora de Córdoba— exigen públicamente soluciones. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, señaló que el PAMI adeuda a su provincia $50.000 millones y expresó: "Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga".

Los mandatarios advierten que sus sistemas hospitalarios públicos absorben la demanda de afiliados que pierden cobertura privada al ajustar gastos por la situación económica nacional. Llaryora fue directo: "No se escondan más, pongan la cara y los recursos". El malestar cruza líneas políticas e incluye provincias con cercana relación con el Gobierno nacional.

Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso revelan la gravedad: las partidas del PAMI registraron una contracción real interanual del 41,3% durante el primer trimestre de este año. Este retroceso acelera el agotamiento de recursos para mantener los servicios de los más de 5 millones de afiliados.

La Oficina Nacional de Crédito Público y las áreas técnicas habilitadas quedan a cargo de suscribir la documentación necesaria para implementar las operaciones. La medida entró en vigor desde su publicación oficial.