El oficialismo anuló el concurso para la Defensoría del Niño y abre nueva disputa ideológica

El oficialismo anuló en el Congreso el concurso que había seleccionado a la abogada María Paz Bertero para encabezar la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y resolvió abrir un nuevo proceso de selección con reglamento modificado. La decisión expuso una puja ideológica profunda sobre el perfil que el Gobierno pretende para ese organismo.

Bertero había sido elegida en 2025 tras un concurso público cuya terna fue aprobada por la Cámara de Diputados con 156 votos positivos, 44 rechazos y seis abstenciones. Junto a ella integraban la nómina Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. La candidatura reunió apoyos de Unión por la Patria, pero también de Pro, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el MID. Sin embargo, la ratificación quedó frenada en el Senado.

La ofensiva para dar de baja el proceso fue encabezada por la senadora Vilma Bedia, titular de la bicameral, junto a los diputados Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz. Los tres son referentes cercanos a sectores religiosos evangelistas y católicos opuestos a la legalización del aborto. Bertero es una abogada especializada en violencia de género y defensora de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, posición que generó rechazo dentro del oficialismo, que busca impulsar para el cargo una figura vinculada al movimiento "pañuelo celeste".

La Libertad Avanza argumentó que el concurso perdió vigencia. Bedia sostiene que la terna "se encuentra vencida" conforme los artículos 106 y 111 del reglamento de la comisión y propuso iniciar un nuevo proceso "desde cero". Mayoraz fue el principal vocero técnico y señaló que el concurso tenía una vigencia de 180 días corridos desde septiembre de 2025, plazo que venció el 22 de marzo de este año.

Mayoraz también denunció supuestas irregularidades administrativas bajo la gestión anterior de la radical Natalia Sarapura: exámenes sin firmas de legisladores, errores en puntuaciones y falta de transparencia en evaluaciones. La oposición rechazó esos argumentos y acusó al oficialismo de anular una designación ya validada políticamente por Diputados.

Legisladores de UP defendieron la legalidad del concurso y afirmaron que la interpretación histórica de la comisión siempre consideró los 180 días como hábiles legislativos y no corridos. Sarapura confirmó esa misma posición. El senador peronista Daniel Bensusán recordó que una resolución de 2019 ya había fijado ese criterio, mientras que la bonaerense Juliana Di Tullio sostuvo que la terna aprobada debía ser tratada por el Senado y no anulada mediante resolución interna de comisión.

El jefe del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, denunció una "tropelía legislativa". Sin embargo, el oficialismo impuso su mayoría y aprobó la Resolución 1/26, que dio por finalizado el concurso de 2025 e habilitó uno nuevo. Lo hizo con cinco firmas libertarias y una de Pro, la de Victoria Huala, en decisión que contrastó con la postura de su partido un año atrás.

Bertero cuestionó el cambio de criterio y lo vinculó con motivos políticos. "El único antecedente que existe determinó que los 180 días eran hábiles legislativos. Cambiar ahora las reglas de juego demuestra que el criterio no es técnico sino político", afirmó. También denunció "campañas de desprestigio" desde sectores oficialistas contra la terna e advirtió que la Defensoría "queda completamente debilitada" en un contexto de recortes presupuestarios.

Las organizaciones de derechos de la niñez también criticaron la medida. Francisco Rodríguez, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e integrante del colectivo Infancia en Deuda, sostuvo que la anulación genera "un escenario de enorme incertidumbre jurídica e institucional" y cuestionó que las reglas hayan sido modificadas "con el proceso ya avanzado y después de que incluso Diputados hubiera aprobado la terna". Rodríguez alertó también sobre el impacto de mantener vacante la Defensoría: "Las infancias necesitan una Defensoría plenamente operativa. Lo que reclamamos es que se retome un diálogo político serio que permita avanzar con una institución fuerte y funcionando".