Estados Unidos: proyecto de ley busca frenar el turismo de parto con visas B-2

El senador republicano Tim Scott presentó el proyecto Birth Tourism Elimination Act, una iniciativa que busca convertir en ley las restricciones al turismo de parto y ampliar los controles sobre quienes usen visas temporales, como la B-2, para ingresar a Estados Unidos con ese propósito. La propuesta también apunta contra las empresas que organizan y comercializan estos viajes.

El texto no modifica las reglas de ciudadanía por nacimiento. Su enfoque está puesto en las condiciones de ingreso al país y en las actividades comerciales que, según sus impulsores, aprovechan los programas migratorios temporales para armar estos desplazamientos.

“La ciudadanía estadounidense no está a la venta, y los extranjeros no tienen derecho a comprarla para sus hijos”, afirmó Scott en un comunicado difundido por su oficina.

La iniciativa establece una presunción de que la solicitante busca ingresar para obtener la ciudadanía para su hijo. Esa presunción podría ser cuestionada si la persona demuestra que existe otro motivo principal y legítimo para el viaje. De ese modo, el proyecto diferencia entre un desplazamiento cuyo objetivo central sea conseguir la ciudadanía para el menor y aquellos embarazos o partos que ocurran durante una estadía realizada por otras razones.

Las restricciones no alcanzarían de la misma manera a quienes se encuentren legalmente en Estados Unidos por motivos de empleo, estudios u otras actividades autorizadas y cuyo parto sea una circunstancia incidental de esa permanencia.

En materia de controles, los funcionarios consulares y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) podrían negar la entrada cuando exista una sospecha razonable. El proyecto contempla además derivaciones a inspección secundaria y la posibilidad de aplicar procedimientos de deportación expedita.

Una de las partes de la iniciativa está dirigida a las empresas y personas que obtengan beneficios económicos mediante la organización de estos viajes. El proyecto propone sanciones penales de hasta 15 años de prisión para quienes, con conocimiento, faciliten, patrocinen, organicen, anuncien o lucren con el turismo de parto.

El planteo surge después de investigaciones federales sobre redes comerciales que ofrecían paquetes a ciudadanos extranjeros. Entre los casos mencionados por Scott figura una empresa que, según los antecedentes incluidos en su propuesta, atendió a más de 500 clientas chinas, operó con 20 departamentos en California y ofreció servicios por entre US$40.000 y US$80.000.

La iniciativa también llega después de las medidas anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio el 23 de septiembre contra las redes comerciales dedicadas a esta actividad. La política impulsada busca alcanzar a operadores, propietarios y administradores de estas organizaciones, así como a quienes ayuden a falsear información durante los trámites migratorios.

Según Rubio, también se contempla a determinados proveedores médicos extranjeros que colaboren conscientemente con estos esquemas y situaciones relacionadas con el uso fraudulento de fondos públicos, como Medicaid. Además, las personas vinculadas familiarmente con responsables de estas redes podrían quedar alcanzadas por las restricciones de visa.