Green card: el DHS evaluará el uso de Medicaid y SNAP de los migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) modificará la política migratoria para que los funcionarios evalúen si los aspirantes a la residencia permanente (green card) o ajuste de estatus han utilizado beneficios financiados por los contribuyentes, como Medicaid, SNAP o asistencia para la vivienda. La medida, que entrará en vigor el 18 de septiembre, reemplaza la regulación de 2022 que solo consideraba la asistencia económica en efectivo y la institucionalización de largo plazo.

Con la nueva normativa, los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) podrán tomar en cuenta la solicitud, aprobación o recepción de cualquier beneficio público sujeto a verificación de ingresos, siempre que haya sido recibido a partir del 18 de septiembre. El DHS aclaró que las decisiones continuarán basándose en una evaluación integral del expediente, considerando la totalidad de las circunstancias de cada solicitante.

Entre los programas que podrán ser considerados figuran Medicaid (excepto servicios de emergencia), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la asistencia para vivienda pública o vales de elección de vivienda (Sección 8), y beneficios estatales, locales, territoriales o tribales otorgados bajo criterios de necesidad económica. Quedan exentos programas como la Asistencia Nutricional Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), comidas escolares, beneficios de emergencia relacionados con desastres, y Medicaid para servicios de emergencia, entre otros.

Además, Uscis publicará una versión actualizada del formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus o la residencia permanente. Cuando la nueva norma entre en vigor, únicamente será aceptada esa edición para los trámites correspondientes. El nuevo I-485 solicitará información relacionada con la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos.

“La administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos”, dijo Zach Kahler, portavoz de Uscis, en un comunicado. “La agencia está comprometida con salvaguardar la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses”, señaló.

La norma también modifica el tratamiento de las fianzas de carga pública. Si una persona cubierta por una de estas garantías recibe un beneficio sujeto a evaluación económica después de la entrada en vigor de la regla, esa situación podrá constituir un incumplimiento de la fianza.

Para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, el DHS estableció un criterio de transición: serán analizados conforme a la regla de 2022, por lo que solo podrán valorarse la asistencia económica en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización prolongada financiada por el gobierno. Sin embargo, si la recepción de esos beneficios continúa después del 18 de septiembre, esa utilización posterior sí podrá incorporarse al análisis migratorio.

Fuente: Lanacion.