Hidrovía: adjudican a Jan De Nul en un proceso cuestionado

El proceso de concesión del dragado de la Hidrovía está a punto de cerrar con la adjudicación a la empresa belga Jan De Nul, la misma que operó desde 1995, aunque ahora con un nuevo socio local. Se trata del tercer intento licitatorio luego de dos fracasos, el último bajo la gestión actual. El organismo a cargo es la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que contó con asesoramiento de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (Unctad). Sin embargo, el resultado es cuestionado: el peaje que se aplicará, si bien es menor al actual, es superior al que se podría haber obtenido.

El diseño del pliego restringió la competencia. No se dividió la concesión en tramos, lo que excluyó a varias empresas internacionales. Además, se combinó la calificación técnica con la cotización del peaje, y se fijó un límite mínimo al peaje, lo que desalentó ofertas más bajas. Los asesores de la Anpyn argumentaron que así se evitaban "ofertas temerarias", pero especialistas señalan que eso se previene con garantías y precalificación.

La puntuación final combinó aspectos técnicos y económicos. En la parte técnica, se valoró la experiencia en vías navegables extensas, lo que favoreció a Jan De Nul. Como el peaje mínimo era rentable, todos los oferentes cotizaron ese valor, y la adjudicación se definió solo por el sobre técnico. Así, Jan De Nul obtuvo la concesión por 25 años.

En diciembre de 2025, LA NACION publicó un editorial señalando deficiencias en el pliego, pero no fueron corregidas. En marzo de 2026, tras la apertura de ofertas, solo se presentaron dos: Jan De Nul y DEME Dredging International. Un tercer oferente, DTA Engenharia, fue excluido por no integrar la garantía. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas objetó el proceso por graves irregularidades.

DEME advirtió que su tarifa podría haber sido menor, pero respetó el pliego para no quedar fuera. Luego de la preadjudicación, propuso una reducción del 17% del peaje mínimo mediante el Régimen de Iniciativa Privada, pero el Gobierno no dio curso. Ese porcentaje representa un sobrecosto de unos 200 millones de dólares anuales para los usuarios, principalmente productores agrícolas y mineros de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil.