La Justicia y la calidad de la democracia: el vínculo que marca el pulso institucional

La calidad de la Justicia de un país refleja la calidad de su democracia. La afirmación pertenece al jurista peruano José Ugaz, quien tuvo un papel decisivo en las investigaciones por corrupción contra el régimen de Alberto Fujimori y presidió la organización Transparencia Internacional.

La experiencia latinoamericana demuestra hasta qué punto ambas están vinculadas. Los gobiernos autoritarios saben que para ejercer el poder sin límites necesitan controlar, intimidar o desacreditar a los jueces. Pero las democracias tampoco están inmunizadas contra ese peligro.

Ugaz advierte sobre dos viejos fenómenos igualmente perniciosos: la judicialización de la política y la politización de la Justicia. Cuando los conflictos que deberían resolverse mediante las instituciones políticas se trasladan sistemáticamente a los tribunales, o cuando estos son utilizados para favorecer o perseguir intereses políticos, comienza a borrarse una frontera esencial para el Estado de Derecho.

Lamentablemente, la Argentina conoce demasiado bien ese problema. Las decisiones judiciales suelen ser juzgadas según favorezcan o perjudiquen a quienes circunstancialmente ocupan el poder o la oposición. Un mismo magistrado puede ser presentado alternativamente como héroe de la República o instrumento de una conspiración, según el contenido de su última sentencia. Muchas veces los tiempos y plazos de la Justicia se adaptan a las necesidades de los políticos de turno… o a los intereses de “los amigos del juez”. El Viejo Vizcacha algo sabía de todo esto.

Ese deterioro tiene consecuencias. Una sociedad que deja de creer que los jueces deciden conforme al derecho y la ley termina también dejando de creer en la igualdad ante la ley. Y cuando la Justicia pierde credibilidad, no es solamente un poder del Estado el que se debilita. Se debilita la democracia.

Por eso la independencia judicial no es un privilegio de los jueces ni una cuestión reservada a los abogados. Es una garantía de los ciudadanos. Defenderla exige impedir las presiones del poder político, pero también reclamar a los propios magistrados independencia, imparcialidad, decoro, transparencia y responsabilidad.

Una democracia no puede ser mejor que la justicia que está en condiciones de ofrecer a sus ciudadanos.