La Corte admitió el caso de financiamiento universitario pero sin fecha para resolver

La Corte Suprema admitió formalmente la causa que promovieron 59 universidades nacionales contra el Poder Ejecutivo por incumplimiento de la ley de financiamiento. Sin embargo, los jueces aún no fijaron plazo alguno para resolver si mantienen vigente la medida cautelar que obliga al Gobierno a ejecutar la norma.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó este martes un pedido formal solicitando que el tribunal se expida "a la mayor brevedad posible" y ratifique la cautelar dictada por el juez de primera instancia Martín Cormick en diciembre pasado. Esa medida fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal el 31 de marzo, pero quedó suspendida cuando el Gobierno presentó recurso extraordinario ante la Corte.

El panorama procesal es complejo. Actualmente coexisten tres instancias con decisiones pendientes: Cormick debe pronunciarse sobre el fondo del amparo; la Corte estudia si desactiva la cautelar como solicita el Ejecutivo; y la Cámara recibió un planteo de las universidades para restablecer la medida de forma inmediata.

Pablo Manili, abogado constitucionalista que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sostiene que la Cámara debe reactivar la cautelar invocando el artículo 258 del Código Civil y Comercial. Esa norma establece que cuando una sentencia de primera instancia es confirmada por la cámara, el condenado puede pedir su ejecución inmediata aunque haya recurso extraordinario pendiente, siempre que ofrezca fianza de devolución si la Corte revoca.

"El 258 es categórico: tienen que darle luz verde al incidente de ejecución de la cautelar", afirmó Manili a este diario. Si la Cámara acoge ese argumento, la medida entraría en vigencia sin aguardar la decisión de la Corte Suprema.

Las universidades critican que el Gobierno dilate los trámites. Cuestionan especialmente que haya recusado a los tres ministros de la Corte Suprema, lo que obligará al tribunal a tratar esas recusaciones antes de entrar al fondo del asunto. "Es la primera vez en la historia que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley", sostuvo Manili.

Por su parte, el constitucionalista Gustavo Arballo advierte que la expresión "Autos" —con la que la Corte confirmó recibida la causa— no es indicador confiable de resolución próxima. Esa fórmula únicamente señala que el expediente está a consideración de los ministros.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado con voto de ambas cámaras. El Poder Ejecutivo la vetó, pero los legisladores sostuvieron la norma. El Gobierno finalmente la promulgó en octubre, aunque nunca la aplicó, argumentando que el Congreso debía fijar las fuentes de financiamiento.

Ante esa negativa, el CIN interpuso amparo el 29 de octubre de 2025. Cormick ordenó el cumplimiento inmediato el 23 de diciembre, el Estado apeló cuatro días después, y la Cámara confirmó la medida el 31 de marzo de 2026. Desde entonces, el Gobierno mantiene la cautelar congelada mediante su recurso extraordinario ante la Corte.