La Corte Suprema de EE.UU. amplía el poder de agentes fronterizos sobre residentes con green card

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el 23 de junio a favor del gobierno federal en el caso Blanche v. Lau. Por seis votos contra tres, los jueces determinaron que un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no necesita tener evidencia clara y convincente de que un residente permanente legal cometió un delito de "bajeza moral" para tratarlo como solicitante de admisión al reingresar al país.

La decisión, redactada por el juez Clarence Thomas, revocó el criterio del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que exigía ese estándar probatorio en el momento del reingreso. Hasta ahora, quienes tienen green card no debían volver a solicitar admisión al regresar de un viaje temporal al exterior. El fallo abre un nuevo escenario de incertidumbre legal para miles de residentes con antecedentes penales.

El caso se originó por el reingreso de Muk Choi Lau, un ciudadano chino que obtuvo la residencia permanente en 2007. En mayo de 2012, Nueva Jersey lo acusó de falsificación de marcas. Mientras esperaba el juicio, viajó temporalmente a China. El 15 de junio de 2012, al intentar reingresar por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, un agente fronterizo, debido al cargo penal pendiente, no lo consideró admitido sino solicitante de admisión, y lo dejó entrar bajo libertad condicional migratoria.

El bufete de abogados de inmigración Reddy Neumann Brown PC señaló que el fallo no convierte cualquier arresto en una causal automática de inadmisibilidad, pero sí puede aumentar la exposición en los controles de reingreso. El punto clave está en el tipo de procedimiento que se abre después: si el residente queda encuadrado como solicitante de admisión, el caso avanza por inadmisibilidad y la persona debe demostrar que puede entrar a Estados Unidos. Ese escenario es distinto al de una remoción por deportabilidad, donde el gobierno debe probar su caso con evidencia clara y convincente.

El despacho también marcó efectos inmediatos como la posible confiscación de la green card física (formulario I-551) y la entrada bajo libertad condicional migratoria sin admisión formal. Aclaró que el estatus de residente permanente legal no se pierde de manera definitiva salvo que exista una orden final de remoción. Sin embargo, advirtió que el período de incertidumbre puede generar problemas para verificar empleo, acreditar estatus migratorio o realizar nuevos viajes.

Ante este escenario, los abogados recomiendan que los residentes permanentes legales con antecedentes o causas cerradas viajen con documentación judicial que pruebe cómo terminó el caso. La lista incluye registros certificados de la corte, certificados de disposición, órdenes de sellado o eliminación de antecedentes y constancias de cumplimiento de condena, libertad condicional o programas alternativos. Los agentes fronterizos pueden acceder a bases de datos internacionales, federales, estatales y locales, por lo que un cargo que figure como pendiente puede generar preguntas en la frontera, aunque el expediente haya sido resuelto años antes.

Fuente: Lanacion.