La licitación vial más grande del año avanza con ofertas de empresas imputadas en Cuadernos

La licitación de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, la más grande del año, avanza con la apertura del segundo sobre de ofertas económicas. 13 consorcios presentaron 31 propuestas para explotar, administrar y mantener más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en el centro y litoral del país. El esquema, que implica el cobro de peajes por al menos 20 años, atrajo a empresas con antecedentes en causas judiciales, como la de los cuadernos de la corrupción.

Los tramos en disputa son el Mediterráneo (672,32 km), el Puntano (720 km), el Portuario Sur (636,75 km) y el Portuario Norte (528,04 km). Conectan la zona núcleo agrícola, los puertos del Paraná y los accesos a Buenos Aires con la logística de exportación y el turismo regional. El primer sobre, con antecedentes técnicos, se abrió el 11 de mayo; ahora se evaluarán ambas ofertas para definir al ganador, que no necesariamente será el que ofreció el peaje más bajo.

Para el tramo Mediterráneo, diez oferentes compiten con tarifas que van desde los $1989,67 de Creditech hasta los $3086 de Luciano Construcciones. Entre ellos, José Cartellone, con cuatro directivos imputados en la causa Cuadernos, ofertó junto a Guigivan $2298. CPC, la empresa de Cristóbal López, propuso $2410. Panedile Argentina, del arrepentido Hugo Dragonetti, cotizó $2487, y Rovella Carranza, otro arrepentido en Cuadernos, ofertó $2603,31.

En el tramo Puntano, nueve oferentes presentaron tarifas desde los $1440 de BASAA hasta los $2195 de Luciano. Participan también CN Sapag, Rovella Carranza, Creditech, Panedile, CPC, IEB Construcciones y José J. Chediack. Para el Portuario Sur, siete oferentes compiten con la oferta más baja de Creditech ($1256,03) y la más alta de BASAA ($2244,99). En el Portuario Norte, CPC hizo la oferta más baja ($1856) y BASAA la más alta ($3337,60), con Panedile, IEB y Creditech en el medio.

El Gobierno insiste en que el nuevo sistema de concesiones “sin subsidios del sector público” rompe con el modelo anterior. Vialidad Nacional sostiene que se limitará a supervisar mediante control por resultados, verificando que los corredores mantengan condiciones de seguridad y niveles de servicio adecuados.