Malvinas: el Gobierno lleva el reclamo por el petróleo al Tribunal del Mar en Hamburgo
Una delegación de la Cancillería presentará este lunes el reclamo por la explotación de Sea Lion, el mismo día en que vence el ultimátum a Gran Bretaña.

El Gobierno argentino presentará este lunes un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, por la explotación petrolera que empresas británicas e israelíes llevan adelante en aguas circundantes a las Islas Malvinas. La presentación coincide con el vencimiento del plazo de dos semanas que la Cancillería le dio a Gran Bretaña para frenar la actividad, en el marco del proyecto Sea Lion.
El encargado de llevar adelante la misión es Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones en Países Bajos y Naciones Unidas, que se desempeña como director de la consejería legal internacional. La decisión de avanzar está tomada y nadie en el Gobierno espera que Londres revea su posición.
Las empresas involucradas son Rockhopper, de capital británico, y Navitas, israelí, que operan en las aguas que rodean a las islas. El Reino Unido rechazó el planteo argentino y sostuvo que las actividades se realizan en conformidad con el derecho internacional y bajo la legislación británica de las Malvinas.
El canciller Pablo Quirno defendió la estrategia en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). "La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos, incluidos los procedimientos de solución pacífica de controversias. Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes", afirmó. El embajador británico en el país, David Cairns, se retiró de la gala con gesto adusto una vez finalizado el discurso.
El tribunal, creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, está conformado por 21 miembros. En la Cancillería se apoyan en publicaciones del propio organismo, que establecen que las controversias pueden referirse a la delimitación de zonas marítimas, la navegación, la conservación de los recursos vivos del mar, la protección del medio marino y la investigación científica. También citan como antecedente el fallo favorable de 2012 que permitió liberar la fragata Libertad, retenida en Ghana.
La jurista argentina Frida Armas Pfirter fue electa días atrás como vicepresidenta del tribunal, aunque fuentes diplomáticas descuentan que deberá excusarse de intervenir en el caso. La presentación se suma a otras medidas anunciadas por el presidente Javier Milei el 3 de septiembre, entre ellas el envío al Congreso de un proyecto que endurece las sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de recursos en las islas, la creación de una base naval integrada en Ushuaia y un Consejo de Seguridad Nacional.
Sin embargo, tres fuentes diplomáticas con conocimiento del caso calificaron la jugada como "arriesgada". Recordaron que gobiernos de distinto signo ideológico evitaron recurrir a tribunales internacionales por la cuestión Malvinas, por temor a que un fallo adverso habilite a los isleños a seguir avanzando en la exploración y explotación de recursos.
"Ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo, y el argumento de la autodeterminación de los pueblos suele ser muy escuchado", advirtió uno de los diplomáticos consultados. Otro sostuvo que "es un tema muy delicado, y no está claro el resultado final", y señaló que el tribunal "suele buscar algún tipo de equilibrio" entre las partes.
Entre las consecuencias negativas que advierten los expertos, el caso podría ser tomado por la Corte Internacional de La Haya o, ante pedidos de sanciones a empresarios, por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con resultado incierto para el país. El Gobierno, en cambio, confía en que el tribunal le dará la razón y ordenará la suspensión de las actividades, al menos de forma provisoria, aunque los fallos de ese organismo suelen demorar varios años. La disputa por la soberanía de las islas, que la Argentina reclama desde 1965 en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, queda fuera del planteo argentino.
Por qué importa
La presentación marca un giro en la estrategia argentina por Malvinas: por primera vez se lleva el reclamo a un tribunal internacional, con el riesgo de que un fallo adverso consolide la posición británica sobre la explotación de recursos.
Qué sigue
El tribunal deberá decidir si acepta el reclamo y, eventualmente, si ordena la suspensión provisoria de las actividades de Rockhopper y Navitas. Los fallos de este organismo suelen demorar varios años y el Reino Unido ya anticipó que no reconoce la jurisdicción.
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