Nueva Jersey evalúa una ley que prohíbe usar el estatus migratorio para desalojar inquilinos

En Nueva Jersey, los legisladores evalúan un proyecto de ley que prohibiría a los propietarios usar el estatus migratorio o la ciudadanía de un inquilino para desalojarlo, intimidarlo o forzarlo a abandonar la vivienda. La iniciativa, conocida como “Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes”, otorgaría a los arrendatarios la posibilidad de presentar defensas legales y reclamar compensaciones económicas frente a represalias del arrendador.

El texto legislativo es el proyecto A4492, que la gobernadora Mikie Sherrill podría firmar en las próximas semanas. La norma prohíbe que los propietarios amenacen con divulgar, o divulguen efectivamente, información sobre el estatus migratorio del inquilino con el fin de que desocupe el inmueble.

La propuesta también veta que los arrendadores inicien o mantengan acciones judiciales para recuperar la posesión de una unidad habitacional basadas total o parcialmente en la situación migratoria del ocupante. Además, impide cualquier tipo de represalia por motivos de ciudadanía o inmigración.

En los procesos judiciales de vivienda, la disposición limita solicitar información o investigar el estatus migratorio durante el descubrimiento de pruebas. Quedan exceptuados los casos en los que el propio inquilino lo mencione de manera directa o cuando se demuestre con evidencia clara y convincente que ese dato es indispensable para cumplir con la ley federal.

Los arrendatarios podrán argumentar como defensa afirmativa ante una demanda de desalojo que la acción del propietario se basa en su estatus migratorio o en no haber presentado un número de Seguro Social, un informe de crédito o una identificación específica después de haber sido aprobados e instalados en la vivienda.

En cuanto a las sanciones, si el inquilino desocupa la vivienda por amenazas o por la divulgación efectiva de su estatus migratorio, el arrendador será responsable del pago de tres veces el valor de los daños causados, además de los honorarios legales.

La medida, además, codifica la garantía implícita de habitabilidad para todos los contratos de arrendamiento residencial del estado. La protección alcanza a todo tipo de viviendas de alquiler, incluidas las ocupadas por sus dueños, con el objetivo de brindar condiciones de vida dignas, seguras y libres de riesgos para la salud de los ocupantes, sin importar su estatus de ciudadanía o inmigración.

La propuesta fue introducida el 24 de febrero y reportada con enmiendas el 8 de junio. Al 30 de septiembre, no había sido aprobada de manera definitiva y todavía debe ser evaluada.

El avance de este proyecto se da en el marco de la campaña de deportaciones masivas en Estados Unidos, frente a la cual el gobierno de Sherrill impulsó distintas medidas para proteger a los inmigrantes de Nueva Jersey.