Nueva regla de "carga pública" del Uscis: qué cambia desde septiembre 2026
La normativa reemplaza la de Biden y amplía los beneficios que los oficiales pueden considerar para denegar trámites migratorios.

Desde septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) aplicará una nueva regla de "carga pública" que reemplaza la implementada por Joe Biden en 2022. La medida se alinea con la postura del gobierno de Donald Trump de limitar los beneficios migratorios a extranjeros que podrían depender de prestaciones estatales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la normativa en el Registro Federal y el Uscis la aplicará a solicitudes presentadas a partir del 18 de septiembre de 2026. La agencia sostuvo que la regulación anterior restringía los beneficios que podía considerar y limitaba la capacidad de los funcionarios para revisar todos los factores relevantes.
La nueva regla habilita a los oficiales del Uscis a evaluar todos los hechos pertinentes caso por caso. "La administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos", declaró Zach Kahler, portavoz del organismo.
Los oficiales deberán considerar, como mínimo, cinco factores: edad, salud, estado familiar, situación económica y nivel educativo. También podrán tener en cuenta cualquier Declaración de Apoyo (Formulario I-864) presentada en nombre del solicitante.
A diferencia de la directriz de 2022, que limitaba la consideración a la asistencia en efectivo y la institucionalización a largo plazo, la nueva norma autoriza a los oficiales a considerar la recepción de cualquier beneficio público basado en la evaluación de recursos (means-tested public benefits). Esto incluye el Programa de Asistencia Suplementaria (SNAP) y la mayoría de las formas de Medicaid si se reciben después de la fecha de vigencia.
La disposición establece que el recibo de cualquier beneficio basado en recursos durante el periodo de vigencia de una fianza de carga pública resultará en el incumplimiento.
Las categorías de no ciudadanos exentas por ley de la causal de inadmisibilidad por carga pública —como refugiados, asilados, autopeticionarios de VAWA y ciertos no inmigrantes T y U— no se verán afectadas por este cambio. El DHS enfatizó que la recepción de beneficios públicos no es por sí solo un factor determinante para denegar un caso; los oficiales deben considerar la naturaleza del beneficio, su duración, el monto y las circunstancias específicas del solicitante.
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