La ONU denuncia torturas en Venezuela y pide liberar a los presos políticos

Una investigación de la Misión internacional de determinación de los hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que las estructuras responsables de la represión y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas. El informe señala que entre 379 y 500 personas podrían continuar detenidas por motivos políticos en el país.

El documento sostiene que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, introdujo medidas que lograron una reducción significativa de las detenciones de larga duración y las desapariciones forzadas. Esas decisiones otorgaron mayor margen de libertad a grupos de la sociedad civil y a figuras de la oposición para participar en protestas y reuniones públicas.

La Misión advierte, sin embargo, que no se produjeron las reformas necesarias para garantizar cambios duraderos. Siguen vigentes leyes que criminalizan la disidencia y las fuerzas de seguridad mantienen las mismas estructuras y prácticas. Se reportaron 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, día de la captura de Nicolás Maduro.

Los investigadores documentaron patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos. Verificaron un método no registrado hasta ahora, llamado "la máquina del tiempo", que consiste en confinar a grupos de unos 15 detenidos en un tanque subterráneo sellado. Allí se los obligaba a permanecer desnudos y en total oscuridad por períodos que iban desde unos pocos días hasta tres meses, sin acceso siquiera a instalaciones sanitarias.

El informe también consigna el confinamiento en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, la exposición al frío, la privación de alimentos y otras prácticas degradantes. Entre ellas menciona el acceso restringido a agua potable segura, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica.

El texto describe además vínculos amplios entre el Estado y los grupos civiles armados conocidos como "colectivos". Según la investigación, estos grupos desempeñaron un papel clave en la intimidación de periodistas y dirigentes opositores, con respaldo político, financiero y logístico de las instituciones estatales. También cumplieron funciones de vigilancia e inteligencia, identificaron y localizaron a personas buscadas por los organismos de seguridad y participaron en la represión de manifestaciones contrarias al gobierno.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió prolongar hasta 2028 el mandato de la Misión internacional. La decisión fue rechazada por las autoridades de Caracas, que consideran que los mecanismos de supervisión establecidos sin autorización del Estado investigado deberían ser sustituidos.

El informe plantea que es imperativo desmantelar la estructura represiva, frenar de inmediato cualquier método de tortura y liberar sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente. En ese sentido, sostiene que Estados Unidos y otros actores internacionales influyentes deberían intensificar sus esfuerzos para exigir cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela.

La reciente acusación de la justicia norteamericana contra el ex dictador Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, imputados de haber conspirado para torturar a ciudadanos con el fin de mantenerse en el poder, no puede separarse de las violaciones a los derechos humanos que persisten en Venezuela, según el documento. La presión internacional para revertir ese estado de cosas, concluye, debe hacerse oír.