Parole humanitario: la salida voluntaria que eligen los venezolanos detenidos por el ICE

Un cambio en la clasificación migratoria de cerca de 530 mil personas que ingresaron a Estados Unidos bajo el parole humanitario modificó las alternativas disponibles para quienes después son detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En determinados casos, las autoridades consideran esas entradas bajo una categoría que habilita un proceso de deportación expedita, sin audiencia previa ante un juez.

El programa alcanzó a unos 530 mil venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses durante la administración de Joe Biden. Bajo el segundo mandato de Donald Trump esa protección fue cancelada y, desde entonces, algunos beneficiarios detenidos enfrentan una interpretación según la cual su ingreso autorizado ya no les garantiza el mismo tratamiento dentro de un procedimiento de deportación.

El caso de Dervin Guerra refleja ese giro. “El juez dijo que yo tenía que quedarme de seis meses a un año peleando mi caso. Así estuve”, relató en una entrevista con Telemundo. “El abogado en este momento me dice que ya los jueces no iban a aceptar fianza, que teníamos que firmar la salida voluntaria. Yo firmé”, agregó.

Guerra aceptó abandonar Estados Unidos y viajó a Brasil, que ofrece a ciudadanos venezolanos una vía de residencia temporal que puede transformarse en residencia por plazo indeterminado si se cumplen los requisitos. Sobre la posibilidad de volver al país norteamericano, respondió: “Ciertamente sí”.

“La regla nueva ahora es decir que no tiene jurisdicción un juez de inmigración para otorgarte fianza”, explicó un especialista a Telemundo. “¿Por qué están diciendo esto? Porque el parole humanitario fue cancelado el año pasado y, al ser cancelado, se considera que esa entrada que tuviste, que fue legal, ya no es legal”, sostuvo.

El especialista agregó que algunas de estas personas son clasificadas como “extranjero entrante”, una categoría que puede limitar la intervención de los jueces de inmigración respecto de una solicitud de fianza. Así, quienes habían ingresado con documentación oficial pueden terminar detenidos mientras se define su situación migratoria.

La deportación expedita es un mecanismo establecido por el Congreso en 1996 que permite a determinados funcionarios ordenar la expulsión de ciertos extranjeros sin una audiencia previa ante un juez de inmigración. Una orden formal de ese tipo genera además una restricción para regresar a Estados Unidos durante al menos cinco años. Por esa razón, algunos migrantes analizan la salida voluntaria como una alternativa para abandonar el país sin recibir esa orden formal de expulsión.

La salida voluntaria, la opción tomada por Guerra, es un programa oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para la autodeportación a través de la aplicación CBP Home. El proceso comienza con un registro en el que el usuario notifica su intención de salir del país al completar un formulario con sus datos personales, una fotografía y, si corresponde, la información de sus familiares o compañeros de viaje.

Quienes se registran reciben el vuelo sin costo, la condonación de multas pendientes por presencia irregular y un bono de salida de US$3000 que se entrega al aterrizar en el país de destino. Una vez enviada la solicitud y superada la verificación inicial, el ICE elimina temporalmente al inmigrante de la lista de prioridades de detención y deportación mientras se concreta su salida programada.