Red de medicina ilegal en La Matanza: 29 detenidos, médicos falsos y vínculos con piratas del asfalto

Una red de medicina prepaga ilegal que operaba en La Matanza fue desmantelada tras 13 allanamientos coordinados por la Policía Federal y el fiscal Fernando Garate. Se detuvo a 29 personas acusadas de ejercer ilegalmente la medicina con documentos falsos, utilizar sellos de profesionales inexistentes y operar clínicas sin habilitación. La investigación avanzó sobre indicios de homicidios relacionados con atención deficiente en las instalaciones.

El esquema delictivo funcionaba como estructura de lavado de dinero proveniente de robos a camiones en modalidad de piratas del asfalto. Los responsables montaron una cadena de servicios sanitarios en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Laferrere que cobraban $40.000 mensuales por una cobertura médica ficticia. Entre el material secuestrado figuran 286 sellos falsos con nombres de médicos porteños, 3.200 historias clínicas y tres armas de fuego.

Los principales acusados son Alberto Rubén Santarceri, identificado como cabecilla de la organización, y Gabriel Musse, su segundo. Ambos aparecen como dueños de la empresa Argentina Salud, cuyo nombre está inscripto en las siglas ARS que se veían en las ambulancias y consultorios. Según fuentes judiciales, tienen antecedentes penales por homicidio cometido en 2008.

La red incluía clínicas en al menos cuatro localidades, servicios de ambulancias, consultorios móviles para atención domiciliaria y una cadena de farmacias ilegales. Los investigadores detectaron que aprovechaban la vulnerabilidad de habitantes de zonas con carencias hospitalarias para ofrecer una cobertura de salud que brindaban individuos sin título habilitante, en instalaciones que carecían de autorización para funcionar como centros sanitarios.

Entre los 29 detenidos, once se identificaron como médicos al momento de su captura. Portaban credenciales y sellos que supuestamente acreditaban su condición profesional. Una de ellas es Dunia Mercedes Suazo Pulido, médica cubana que no validó su matrícula en Argentina. Las autoridades revisaron los registros de los sellos hallados para verificar si corresponden a profesionales realmente matriculados con títulos certificados.

La investigación comenzó en febrero de este año cuando la Policía Federal fue convocada para identificar integrantes de una banda de piratas del asfalto responsable de múltiples asaltos a camiones. Durante casi tres meses, los detectives realizaron vigilancia audiovisual de los sospechosos, analizaron comunicaciones y cruzaron datos de redes sociales con inteligencia operativa. Identificaron al cabecilla por su línea telefónica y reconstruyeron la red de vínculos y subordinados.

Con las pruebas acopiadas, el fiscal Garate solicitó allanamientos en clínicas, consultorios, farmacias, domicilios particulares de acusados y el predio donde guardaban ambulancias. El operativo fue autorizado por el juez de Garantías Rubén Ochipinti.

La gravedad de las imputaciones podría escalar. Mientras que inicialmente se acusó a los detenidos de integrar una asociación ilícita para ejercer ilegalmente la medicina, la aparición de familiares de pacientes fallecidos tras recibir atención en la clínica abrió la puerta a investigar homicidio por dolo eventual. Para avanzar en esa línea se requiere exhumar cuerpos y realizar peritajes que establezcan nexo causal entre las muertes y la atención criminal prestada.

Si se confirma que los falsos médicos carecían de títulos, los cargos escalarían a homicidio simple, con pena de 8 a 25 años de prisión. Esa imputación recaería sobre los sospechosos que se hacían pasar por profesionales y sobre los dueños de las firmas si se acredita que facilitaron deliberadamente las instalaciones para que los delitos se consumaran.