Reforma inmobiliaria: el Gobierno busca eliminar la matrícula obligatoria de corredores
El proyecto de ley, impulsado por Sturzenegger, eliminaría la exigencia del título universitario y habilitaría plataformas digitales para operar sin restricciones geográficas.


El Gobierno ultima un proyecto de ley para desregular el mercado inmobiliario. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, ingresaría al Congreso en los próximos días. El principal cambio es la eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje, lo que suprimiría la exigencia del título universitario y otorgaría libertad para fijar honorarios, sin aranceles mínimos ni máximos.
Además, se habilitaría la opción de operar mediante plataformas digitales, sin restricciones geográficas, permitiendo que tanto personas físicas como jurídicas presten el servicio desde cualquier provincia sin reinscripciones locales. El objetivo es reducir costos de las operaciones de compraventa, aumentar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos actores, según anticipó Sturzenegger en un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la UCA.
El funcionario fue crítico de la colegiación obligatoria y cuestionó que los colegios “usen el poder para fijar condiciones”, al definir la determinación de un precio mínimo como “una aberración social”. La discusión enfrenta dos modelos: uno basado en más competencia y menos regulaciones, y otro que considera indispensable mantener la colegiación como garantía de seguridad jurídica.
Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), sostuvo que “hoy se limita la competencia” y que “la tecnología ofrece herramientas que funcionan como autorreguladores más eficientes que el modelo vigente”. Sebastián Sosa, presidente de Remax Argentina y Uruguay, destacó que “debería evaluarse qué valor aportan los colegios” y que “toda medida que apunte a modernizar y simplificar operaciones merece ser analizada”.
Por el lado de las start-ups, Jorge Amoreo Casotti, CEO de Pint, señaló que “los colegios se transformaron en un monopolio” y que “el gran perjudicado es el inquilino, que paga costos que en gran parte del mundo asume el propietario”. En tanto, los profesionales del sector cuestionan el proyecto. La Cámara Inmobiliaria Argentina lo rechazó e impulsa la creación de un Registro Nacional Único de Corredores Inmobiliarios y Asistentes.
Nancy Vieitez, presidenta de la cámara, advirtió que “está en juego el patrimonio de las familias” y que el corredor matriculado es un sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), con deberes de identificar a las partes y verificar el origen de los fondos. “Si cualquiera puede intermediar, ¿quién asume esas obligaciones?”, planteó. Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), coincidió: “La propuesta no debe plantearse entre regulación o libertad, sino entre profesionalismo o improvisación”.
Manuel Mel, dueño de Mel, opinó que “intervendrían personas no idóneas y se podrían generar estafas”, aunque consideró que las inmobiliarias de renombre se destacarán sobre agentes independientes. La reforma pone foco en el crecimiento del ecosistema prop-tech, con recorridos virtuales, inteligencia artificial y firmas electrónicas.
Fuente: Clarín.
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