Trump pide a Texas que asista legalmente a niños migrantes ante deportaciones

La administración de Donald Trump solicitó asistencia a las autoridades de Texas para gestionar la representación legal de menores migrantes sujetos a procesos de deportación. La petición fue dirigida a la Comisión de Defensa de Indigentes del estado, un organismo creado para la defensa penal de texanos.

Altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) contactaron a directivos de la comisión estatal para ofrecer fondos federales destinados a servicios legales para menores inmigrantes. Scott Ehlers, director del organismo, confirmó que recibió llamadas de representantes del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y de James McHenry, funcionario del DOJ. Sin embargo, Ehlers respondió que su agencia no tiene facultades para intervenir en procesos civiles de migración.

Diversos miembros de la junta directiva y legisladores locales subrayaron que la institución no posee la autoridad para asumir tareas de defensa civil federal. El comisionado Rodney Ellis calificó la sugerencia de ampliar dicho mandato como una “burla” a las normas federales de contratación y una distorsión de la ley original. “Parece una simple forma de ignorar la intención de la legislación, pues se trata de burlarse de las normas federales de contratación pública”, manifestó Ellis.

Especialistas en derechos humanos advirtieron que esta medida fue un esfuerzo para concentrar a menores no acompañados en territorio texano. Según The Texas Tribune, su preocupación central radica en la proximidad de estas instalaciones con la frontera, lo cual facilitaría procesos de deportación mucho más expeditivos y con menor supervisión. El gobierno federal cerró recientemente al menos 50 albergues para niños migrantes en estados como Nueva York, Illinois y Michigan, mientras se anunciaron nuevas contrataciones en centros de acogida ubicados en Texas.

Jonathan White, exsubdirector de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, consideró: “Es parte transparente de un patrón más amplio de trasladar todas las capacidades y recursos del programa a Texas con una asociación política amistosa con la oficina del gobernador de ese estado y la proximidad a la frontera con el fin de convertir todos estos sistemas en plataformas para la expulsión”. Los defensores temen que el traslado de los menores hacia el sur los aleje de los abogados con quienes construyeron relaciones de confianza.

Fuente: Lanacion.