Un estudio de Nature revela que Chaco promovió la deforestación durante 15 años

Un artículo científico publicado esta semana en la revista Nature reveló que, entre 2009 y 2024, los gobiernos de Chaco implementaron seis estrategias administrativas que promovieron la deforestación y redujeron deliberadamente la protección de zonas conservadas de bosque nativo. El estudio, basado en análisis geográficos y datos oficiales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública, fue elaborado por el biólogo Matías Mastrangelo, del Conicet, y la ambientóloga Vera Krause, del Julius Kühn-Institut de Alemania.

Según los investigadores, las administraciones de Jorge Capitanich, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, Domingo Peppo y Leandro Zdero realizaron cambios en los regímenes de protección que contribuyeron a la pérdida de la porción argentina del Gran Chaco, el segundo ecosistema más grande de Sudamérica después del Amazonas. “El desmonte en la región chaqueña es una política de Estado que no distingue partidos”, describió Mastrangelo.

El Gran Chaco es el bosque seco más grande del mundo y se extiende por Bolivia, Paraguay y la Argentina. Entre 1985 y 2020 se perdió casi el 30% de este ecosistema, y la mayor reducción se registró en nuestro país, donde se perdieron 10,3 millones de hectáreas, poco menos que la superficie de la provincia de Santa Fe.

Una de las estrategias identificadas fue la recategorización de zonas protegidas para permitir actividades productivas. La ley de bosques nativos establece que las provincias deben clasificar sus bosques en rojo (inalterables), amarillo (bajo impacto) y verde (modificables), y revisar ese ordenamiento cada cinco años. Los investigadores revelaron que, ante el pedido de 60 grandes propietarios, las autoridades chaqueñas recategorizaron en 2012 zonas de amarillo a verde. Entre 2013 y 2018, esas empresas desmontaron 34.300 hectáreas.

Si bien esa herramienta puede ser legal en casos excepcionales, los autores señalan que el mecanismo se volvió sistemático y viola el principio de “no regresión” de la Ley de Bosques y la Ley General del Ambiente. En 2019, la Defensoría del Pueblo provincial presentó un amparo para frenar un cambio de zonificación en 53 predios, la mayoría en el departamento Almirante Brown.

Otra estrategia detectada fue la degradación de la zona amarilla. El estudio encontró que el 64% del área forestal con permiso de manejo silvopastoril es “indistinguible respecto a la tierra completamente desmontada”, debido a la mortalidad gradual de los árboles. Además, el gobierno otorgó permisos para extraer más del doble de lo que el bosque puede proveer de madera. En los casi 8000 permisos otorgados entre 2010 y 2024, que abarcan 784.000 hectáreas, se superaron los límites de extracción tanto en las autorizaciones de uso silvopastoril (28%) como en las de extracción selectiva (22%).

Desde el gobierno chaqueño aseguraron que “no hay evidencia en los nuevos permisos aprobados por esta gestión” de que las autorizaciones estén sobredimensionadas y señalaron que no se aprobaron nuevos permisos de extracción selectiva.

A finales de este año entrará en vigencia el reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, que exige trazabilidad para los productos provenientes de la Argentina y no admitirá aquellos asociados a desmontes ilegales posteriores a 2020. Mastrangelo y Krause advirtieron que las estrategias identificadas en Chaco podrían “socavar y volver ineficaz” la búsqueda de una deforestación cero y permitir “manipular la legalidad” de las reglas comerciales con los socios europeos.

Ante la consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Producción, encabezado por Óscar Dudik, señalaron que las medidas actuales han sido efectivas para frenar la tala ilegal. Según datos oficiales, la pérdida de bosque pasó de unas 54.000 hectáreas en 2023 a 13.000 en 2025.