Un juez federal frena temporalmente la revocación de permisos de trabajo para migrantes con TPS y asilo

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este martes la aplicación de políticas de la administración Trump que podían retirar permisos de trabajo a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitantes de asilo. La medida permanecerá vigente hasta que el magistrado decida, a más tardar el 5 de agosto, si ordena una suspensión de mayor duración mientras avanza el litigio.

En respuesta a una demanda presentada por una coalición de organizaciones defensoras de los inmigrantes y sindicatos, el juez federal Nathaniel Gorton suspendió temporalmente varias políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). Los demandantes cuestionaron la implementación de disposiciones sobre tarifas de asilo y autorizaciones laborales aprobadas por el Congreso en 2025.

La orden impide que el Uscis aplique retroactivamente restricciones que podían acortar la vigencia de las autorizaciones laborales de miles de beneficiarios del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania a partir del miércoles 22 de julio. El fallo evita, por el momento, que pierdan su capacidad legal para trabajar mientras el tribunal analiza la legalidad de las políticas.

Las restricciones se derivan de una ley de impuestos y gastos aprobada por el Congreso en julio de 2025. Esta legislación introdujo, por primera vez, tarifas para solicitar asilo y limitó las autorizaciones de empleo para beneficiarios de TPS. Aunque Gorton se negó por el momento a suspender el cobro de las nuevas tarifas, ordenó que el Uscis no pueda retirar permisos de trabajo ni imponer otras sanciones a quienes no efectúen esos pagos mientras la medida judicial permanezca vigente.

Desde el inicio de su actual mandato, la administración Trump buscó terminar las designaciones del TPS para personas de más de una docena de países. En junio, la Corte Suprema permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanzar con la finalización de esas protecciones para miles de haitianos y sirios. No obstante, el estatus sigue vigente para El Salvador hasta el 9 de septiembre y para Sudán y Ucrania hasta el 19 de octubre.

En diálogo con Reuters, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, indicó que el fallo reciente garantiza que miles de familias no pierdan su sustento mientras continúan los litigios judiciales. Los demandantes sostienen que el Uscis implementó las políticas de forma ilegal, sin permitir la participación pública ni dar oportunidad de comentarios, y que se aplicaron restricciones de forma retroactiva sin autorización legal.

La medida representa una victoria provisional para los demandantes, pero no resuelve todavía la legalidad definitiva de las políticas cuestionadas. Gorton indicó que, a más tardar el 5 de agosto, decidirá si concede una suspensión de mayor duración mientras continúa el litigio. Hasta esa fecha, permanece la incertidumbre sobre los permisos de trabajo de las personas afectadas. La última extensión oficial del TPS para El Salvador estimó que alrededor de 232 mil beneficiarios podían volver a registrarse para conservar la protección hasta el 9 de septiembre.