Una jueza exige pruebas a DeSantis sobre el cierre de Alligator Alcatraz

Una jueza federal exige al gobierno de Florida pruebas oficiales que confirmen el cierre definitivo de Alligator Alcatraz, el controvertido centro de detención del ICE ubicado en los Everglades. El gobernador Ron DeSantis anunció el mes pasado que las operaciones cesarían, pero el tribunal sostiene que no hay evidencia suficiente.

En una orden emitida esta semana, la jueza de distrito Sheri Polster Chappell rechazó la sugerencia del estado de que el caso quedó resuelto tras el anuncio público. En su lugar, pidió que un funcionario estatal comparezca con documentación oficial que demuestre que el cierre se hizo efectivo.

La medida se dictó en el marco de una demanda presentada por detenidos y organizaciones de migrantes. Los abogados de los demandantes sostienen que no hay evidencia oficial de que el cierre sea permanente, y señalan que las declaraciones de DeSantis son ambiguas. El gobernador dijo a fines de junio que las posibilidades de reapertura eran “insignificantes”.

La principal inquietud es que la instalación fue erigida en poco más de una semana, por lo que podría ser reconstruida con la misma rapidez si no hay una garantía legal de su desaparición definitiva.

DeSantis comunicó el cierre el 25 de junio tras meses de litigios y críticas por las condiciones del centro. Entre los reclamos figuraban la falta de atención médica y las tiendas de campaña abarrotadas con mosquitos e insectos. Durante el año que operó, el ICE procesó allí a más de 22.000 personas para su deportación, con un costo estimado de 450 millones de dólares.

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) celebró la decisión judicial pero instó a la cautela, advirtiendo que los detenidos podrían ser trasladados a otros lugares con condiciones sórdidas. “Solicitamos una acción judicial porque las vagas garantías de ‘solo confía en nosotros’ no funcionan”, dijo Carmen Iguina González, abogada de la ACLU. “Seguiremos vigilantes hasta que esta horrible instalación haya desaparecido para siempre”.

El estado tiene cuatro días para presentar evidencia documental, dar un plazo para las pruebas o exponer por qué se debe desestimar el caso.

Fuente: Lanacion.