Uscis propone cambios en permisos de trabajo: más de 118 mil venezolanos afectados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso nuevas condiciones para obtener y renovar autorizaciones de empleo en Estados Unidos. La medida alcanzaría a más de 118 mil ciudadanos venezolanos beneficiarios de programas migratorios como el parole humanitario.

La iniciativa, impulsada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), establece que los permisos de trabajo (EAD) vinculados al parole humanitario tendrán una vigencia máxima de un año o hasta la fecha de vencimiento del beneficio migratorio, lo que resulte menor. Además, se incorpora una evaluación individual para determinar si el solicitante reúne las condiciones necesarias; la simple posesión de un estatus migratorio elegible dejaría de ser suficiente para acceder automáticamente al documento.

Dentro del grupo potencialmente afectado se encuentran más de 117 mil venezolanos que ingresaron mediante el programa de Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV) antes de diciembre de 2024. También se incluye a alrededor de 1600 participantes de la misma nacionalidad amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Entre los nuevos requisitos figura la obligación de demostrar necesidad económica. Los solicitantes deberán presentar información financiera sobre ingresos, gastos y patrimonio, acompañada de documentación de respaldo. También se exige la presentación de datos biométricos: huellas dactilares, fotografía y firma para verificar identidad y antecedentes.

Otro cambio involucra a los empleadores. Quienes busquen renovar su autorización de trabajo deberán acreditar que mantienen una relación laboral o gestionan empleo con empresas inscritas en el sistema E-Verify. Si el solicitante no logra demostrar el vínculo con un empleador registrado, la renovación podría ser rechazada.

La iniciativa también contempla limitaciones vinculadas a antecedentes penales. Se propone negar autorizaciones de empleo a personas arrestadas, acusadas o condenadas por delitos, así como a quienes admitan haber participado en conductas ilícitas. Solo podrían existir excepciones cuando las autoridades determinen circunstancias específicas de interés público.

La propuesta aclara que los cambios no tendrían efecto retroactivo. Las autorizaciones emitidas antes de la entrada en vigor conservarían su validez hasta la fecha de vencimiento indicada. Las nuevas condiciones solo se aplicarían a solicitudes iniciales y renovaciones presentadas después de la implementación oficial. Actualmente, el proyecto permanece en fase de comentarios públicos hasta el 4 de agosto.