Abogado advierte que el fin del TPS para salvadoreños podría derivar en deportaciones masivas

El abogado de inmigración José Guerrero advirtió sobre las consecuencias de una eventual cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos. El gobierno aún no definió si extenderá o terminará el programa, que vence el 9 de septiembre. Guerrero señaló que, si se cancela, las autoridades pueden "ir a buscar" y "deportar" a quienes tengan una orden final de expulsión.

En declaraciones a N+ Univision, el especialista explicó que el gobierno debía anunciar con al menos 60 días de anticipación si renovaría o cancelaría el programa, pero no lo hizo. Ante la falta de comunicación, la legislación contempla una prórroga automática de seis meses, similar a lo ocurrido con los beneficiarios venezolanos. En ese caso, los afectados recibieron dos meses para prepararse tras el anuncio de terminación.

El escenario es especialmente riesgoso para quienes ya tienen una orden definitiva de expulsión. El TPS impide ejecutar esa medida mientras está vigente, pero si el programa termina, el beneficiario queda expuesto. "Te queda básicamente en el aire y ellos pueden ejecutar esa orden de deportación. En otras palabras, te pueden ir a buscar y te pueden deportar", advirtió Guerrero.

Más allá de las órdenes de deportación, la cancelación también afectaría el permiso de trabajo asociado al TPS. Una vez que venza, los beneficiarios no podrán trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, Guerrero aclaró que la pérdida del estatus no implica que todos deban abandonar el país. Muchos salvadoreños llevan décadas en territorio estadounidense, tienen hijos o cónyuges ciudadanos, patrimonio y otros vínculos que podrían permitirles acceder a una alternativa migratoria. Por eso, recomendó consultar cuanto antes con un abogado de inmigración para determinar si califican para otro beneficio.

El TPS para los haitianos finalizó el 27 de julio, luego de que la Corte Suprema autorizara al gobierno de Donald Trump a cancelar la protección sin revisión judicial. Cerca de 350.000 personas vivían en Estados Unidos bajo ese programa, según AFP. La finalización dejó a los beneficiarios ante la posibilidad de abandonar el país por cuenta propia o ser deportados. Muchos trabajan en los sectores sanitario y de la construcción. Nancy Hagans, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Nueva York, advirtió que miles de afiliadas ya no podrían trabajar tras el vencimiento y les recomendó ordenar sus documentos, retirar el dinero de los bancos y preparar sus asuntos personales ante posibles operativos migratorios.

Fuente: Lanacion.