Inmigración

La alcaldesa de Miami-Dade pide al Congreso de EE.UU. restablecer el TPS para venezolanos

Daniella Levine Cava reclamó una solución legislativa para más de un millón de migrantes afectados por la suspensión del beneficio, mientras el litigio sigue abierto.

Redacción••3 min de lectura
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La alcaldesa de Miami-Dade pide al Congreso de EE.UU. restablecer el TPS para venezolanos

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió al Congreso de Estados Unidos que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y otras comunidades. El reclamo llega en medio de una pausa administrativa que mantiene suspendida la reactivación del beneficio, a la espera de una definición judicial.

La funcionaria formuló el pedido a través de un comunicado oficial en el que sostuvo que, después de los resultados de las elecciones de medio término, el Congreso tiene margen para buscar un acuerdo. Según el texto, la suspensión del TPS alcanza a más de 1.100.000 personas de Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras.

“Se presenta como una oportunidad para que el Congreso llegue a un punto de acuerdo. Los estadounidenses demandan acciones y la mejor herramienta del poder legislativo es su poder para restaurar el beneficio”, señala el escrito difundido por la alcaldesa.

Levine Cava insistió en que la iniciativa no responde a una lógica partidaria. “No es un pedido partidario. Es una solicitud de una comunidad que sabe que estas familias afectadas son vecinos, compañeros de trabajo y amigos. El Congreso tiene la oportunidad de unirse y actuar”, afirmó.

El pedido se apoya en el impacto concreto que la medida tiene sobre el distrito que gobierna. Miami-Dade concentra una de las comunidades venezolanas más grandes de Estados Unidos, y la suspensión del beneficio deja a miles de familias en una situación migratoria incierta. El TPS permite residir y trabajar legalmente a quienes lo obtienen, por lo que su interrupción afecta tanto la vida cotidiana de los migrantes como la actividad económica local.

La alcaldesa no es la primera autoridad de la zona en pronunciarse. En enero, la alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins, ya había solicitado a la administración de Donald Trump que reactivara el TPS para los venezolanos. “La inestabilidad que se vive hoy en Venezuela deja aún más claro que el país sigue siendo inseguro para que la gente regrese. Nadie debería ser obligado a regresar al caos y la incertidumbre”, había señalado la funcionaria demócrata.

Higgins también había destacado el aporte de esa comunidad al entramado urbano: la ciudad cuenta con más de 22.515 venezolanos, de acuerdo con el último censo de Neilsberg. “Es una cuestión de dignidad humana básica y de seguridad. Merecen la seguridad de permanecer mientras su patria recupera la estabilidad”, había dicho en aquel momento.

El frente judicial sigue activo y es el que condiciona los tiempos. El 30 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó el pedido de la administración Trump de mantener congelada la medida del Distrito Norte de California que dejaba sin efecto la terminación del beneficio. Cuatro días después, la Corte retiró esa orden y concedió al Ejecutivo una suspensión administrativa de 14 días a partir del 6 de noviembre.

Ese plazo vence el viernes 20 de noviembre. Hasta entonces, el futuro del TPS para los venezolanos queda atado a lo que resuelva la Justicia y a la presión política que puedan ejercer los funcionarios locales sobre el Congreso. La secuencia del litigio y sus plazos pueden seguirse en detalle en la espera del DHS y Uscis, mientras el posible regreso del beneficio depende de la decisión de fondo.

Por qué importa

Más de un millón de personas de Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras dependen de una definición sobre el TPS. El pedido de una autoridad local clave suma presión política mientras la Justicia define si el beneficio vuelve a regir.

Qué sigue

La suspensión administrativa de 14 días vence el viernes 20 de noviembre. Hasta esa fecha, la Corte debe resolver el fondo del litigio y el Congreso queda ante la posibilidad de intervenir con una solución legislativa.

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