California busca limitar a 30 días el almacenamiento de datos de matrículas

Miles de conductores circulan cada día por las rutas y calles de California sin saber que sus vehículos pueden ser registrados por cámaras de lectura automática de matrículas. Esta tecnología, habitual en las fuerzas de seguridad, abrió un debate sobre los límites de la vigilancia y la protección de los datos personales. Un proyecto de ley en la legislatura estatal busca endurecer las reglas sobre el uso de esa información y limitar el tiempo que los datos pueden conservarse.

La iniciativa, conocida como SB 1013 o Automated License Plate Recognition Data Accountability Act, modificaría el Código Civil de California. Entre sus puntos centrales, propone que los registros de matrículas no se guarden por más de 30 días, salvo que formen parte de una investigación activa o coincidan con una alerta autorizada. Además, a partir del 1° de enero de 2027, las agencias públicas tendrían un plazo de 14 días para eliminar cualquier dato que supere ese límite.

El proyecto redefine qué se considera un sistema de reconocimiento automático de placas (ALPR): una base de datos generada por cámaras fijas o móviles que, mediante algoritmos, capturan imágenes de matrículas y convierten sus caracteres en información digital consultable. También precisa las categorías de operadores, usuarios y organismos alcanzados, y excluye a ciertos organismos de transporte y operadores aeroportuarios cuando usan la tecnología solo para estacionamientos.

La propuesta actualiza la definición de las "listas calientes" (hot lists), las bases de datos con las que el sistema compara las matrículas en tiempo real. Incluyen registros nacionales de vehículos robados, alertas como Amber, Silver, Blue, Yellow y Ebony, y listas vinculadas con personas desaparecidas o delitos violentos.

Uno de los objetivos centrales es imponer mayores obligaciones a las agencias públicas que operan o usan estos sistemas. El texto exige medidas razonables de seguridad para proteger la información contra accesos no autorizados, alteraciones o divulgaciones indebidas. Las agencias deberán restringir qué empleados pueden consultar los datos, exigir autorización de supervisores para accesos específicos, usar sistemas robustos de autenticación y mantener un registro de las búsquedas realizadas por el personal autorizado. Además, todos los empleados con acceso deberán recibir capacitación en seguridad informática y protección de datos personales.

La iniciativa también obliga a que cada operador y usuario tenga una política pública de uso y privacidad, publicada en su sitio web si lo tiene. Esa política debe detallar los propósitos del sistema, los tipos de datos recopilados, quién puede acceder, los períodos de retención y los procedimientos para que las personas puedan solicitar información sobre sus datos.

Otro cambio clave es fortalecer la trazabilidad de cada consulta. Cada vez que una agencia acceda a información de un lector de matrículas, deberá conservar un registro con la fecha y hora de la búsqueda, la matrícula consultada, el nombre de usuario, la organización y, como regla general, un número de expediente que justifique la búsqueda. Este requisito busca evitar consultas sin motivo y garantizar la rendición de cuentas.

El proyecto también establece que el Departamento de Justicia de California realizará auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las normas. Las agencias que no cumplan podrían enfrentar sanciones.

La discusión de la SB 1013 se da en un contexto de creciente preocupación por la privacidad frente a la expansión de la vigilancia automatizada. Organizaciones de derechos civiles apoyan la medida, mientras que algunas agencias de seguridad argumentan que limitar el almacenamiento podría dificultar investigaciones.

Fuente: Lanacion.