Clínica trucha en La Matanza: 29 detenidos por medicina ilegal vinculada a piratas del asfalto

Una red de medicina prepaga ilegal operaba en La Matanza con consultorios sin habilitación, profesionales sin títulos y sellos falsos. La estructura, montada por integrantes de una banda de piratas del asfalto, funcionaba como sistema de lavado de dinero y captaba pacientes vulnerables con cuotas de $40.000 mensuales.

La investigación derivó en 13 allanamientos en las localidades de Virrey del Pino, González Catán, San Justo y Laferrere. Los operativos, ejecutados esta semana, resultaron en 29 detenidos y el secuestro de 286 sellos de médicos falsos, tres armas de fuego y 3.200 historias clínicas. La pesquisa comenzó en febrero cuando la Policía Federal fue convocada por el fiscal Fernando Garate para identificar a integrantes de la banda dedicada a robo de carga.

Los responsables de la organización son Alberto Rubén Santarceri y Gabriel Musse, quienes tenían antecedentes por homicidio en 2008. Las inicialesde Santarceri aparecen en las ambulancias y clínicas secuestradas bajo la razón social Argentina Salud. La red también operaba bajo otras empresas de salud ubicadas en distintos domicilios de la zona.

Entre los detenidos se encuentran once sospechosos identificados como médicos, entre ellos Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana que no había validado su matrícula en Argentina. Poseían credenciales y sellos que aparentaban legitimidad, pero la verificación cruzada reveló que corresponden a falsos profesionales matriculados en la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores también hallaron evidencia de que la clínica en González Catán y los consultorios carecían de habilitación para funcionar. Los pacientes recibían atención de personas sin formación médica en instalaciones clandestinas y compraban medicamentos en farmacias ilegales integradas a la red. Esta práctica puso en riesgo grave la salud de centenares de personas.

Con la aparición de familiares de pacientes que fallecieron tras ser atendidos en las clínicas truchas, la fiscalía amplió las acusaciones. Además del delito de asociación ilícita para ejercer ilegalmente la medicina, se investiga la posible responsabilidad penal de los imputados por homicidio por dolo eventual. Para confirmar esta hipótesis será necesario exhumar cuerpos y realizar peritajes que establezcan nexo causal entre las muertes y la atención deficiente.

Si se comprueba que los falsos médicos carecían de títulos y que los propietarios facilitaron las instalaciones sabiendo que se cometían delitos contra la vida, la conducta configurará homicidio simple con pena de 8 a 25 años de prisión. Esta calificación es más grave que la mala praxis y recaería tanto sobre los profesionales de salud fraudulentos como sobre los dueños de las empresas allanadas.

Durante el análisis de las comunicaciones interceptadas, los detectives identificaron también potenciales vínculos entre integrantes de la organización delictiva y efectivos de la Policía Bonaerense. Estos datos fueron comunicados a la fiscalía y están siendo investigados en el marco de la causa.