La Corte Suprema se reúne este viernes por la ley de tierras y define si vuelven las restricciones

La Corte Suprema de Justicia se reúne este viernes a las 9 en un acuerdo extraordinario para tratar un nuevo capítulo de la ley de tierras. La convocatoria la hizo su presidente, Horacio Rosatti. En el expediente hay un pedido de medida cautelar que, si prospera, pondría otra vez en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.

En la práctica, la decisión podría revertir los efectos del fallo que el propio tribunal dictó el martes de la semana pasada. Ese día, con un argumento procesal, revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei, la norma que derogó por completo la ley de tierras.

La sentencia anterior generó críticas y una reacción de la oposición, que amenaza con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023 y no solo el artículo 154. El bloque opositor pretende tratar el tema en una sesión especial el jueves de la semana próxima. Una nueva definición del máximo tribunal podría ayudar al Gobierno a desactivar esa iniciativa, que nació como respuesta al fallo previo. El caso se sigue de cerca en el contexto de la discusión por la ley de tierras.

Del acuerdo de este viernes participarán los jueces Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. La diferencia con la semana pasada es que los tres ministros no coinciden en cómo seguir y, como sin tres votos no hay fallo posible, el martes convocaron a dos conjueces.

Según fuentes al tanto de los movimientos internos del tribunal, todo indica que Rosenkrantz no está dispuesto a tomar una decisión que vuelva a cambiar el panorama. En la vereda de enfrente estarían Rosatti y Lorenzetti.

El planteo que tratará la Corte es una aclaratoria presentada el jueves pasado por la asociación ambientalista Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández. Todos defienden la ley de tierras y piden que se precise si el fallo alcanza también al amparo colectivo que ellos impulsaron.

Quienes presentaron la aclaratoria sostienen que invocaron "títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim". Remarcaron que su planteo no tuvo que ver con la defensa de la soberanía nacional, sino con "derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente" y con "derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas", en particular por sus territorios ancestrales.

Los conjueces Barroetaveña y Pérez Curci son camaristas con larga carrera judicial y no es la primera vez que son nombrados en ese rol. Fueron sorteados el martes y las reglas del proceso indican que las partes tienen 72 horas para recusarlos. Sin embargo, la Corte acortó ese plazo a 24 horas "en atención a las particulares circunstancias de la causa", particularidades que no detalló, y habilitó días y horas inhábiles.

El apuro fue tal que este jueves, pasadas las 19:09, ya sin chances de recusación, Rosatti convocó al acuerdo de este viernes. Si la Corte responde la aclaratoria y decide que este amparo colectivo debe recibir un tratamiento por separado del caso de la semana pasada, deberá definir qué trámite le da al expediente. Una opción es devolverlo a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició. Otra, mucho más excepcional, es que el propio tribunal trate la medida cautelar sin enviar el caso a primera instancia, posiblemente como una medida "interina" en los términos de la ley que regula las cautelares contra el Estado. El antecedente del fallo procesal sobre tierras a extranjeros marca el camino de esta discusión.