Tierras a extranjeros: la Corte aclaró que su fallo fue procesal y no sobre el fondo

La Corte Suprema de Justicia emitió este jueves un comunicado para aclarar el alcance del fallo que ratificó el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, que eliminó los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El texto busca despejar las dudas surgidas tras la ola de críticas de la oposición y sostiene que la decisión se ajustó a cuestiones procesales, sin pronunciarse sobre el fondo del régimen legal.

El escrito, difundido por el tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, está dirigido a la opinión pública y apunta a precisar los efectos de la sentencia dictada en la causa “Cecim c. el Gobierno Nacional”.

“La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales. Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”, indica el comunicado.

El martes, la Corte había revocado un fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, con lo que quedó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023. Esa norma eliminó las restricciones específicas para la adquisición de tierras rurales por inversores foráneos.

La decisión desató cuestionamientos de dirigentes opositores. El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó la medida como “el fallo de la infamia” en su cuenta de X. La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que “el DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras”.

El diputado Germán Martínez también criticó la resolución por dejar “firme la derogación de la Ley de Tierras 26.737” y recordó que se trata de la misma norma que quiso modificarse en el Senado y que una movilización popular lo impidió. El Partido Justicialista publicó un comunicado en redes en el que consideró que el fallo “constituye un grave antecedente para la defensa de nuestra soberanía”.

En su descargo, el tribunal remarcó que “los grupos de interés que presionan sobre el tema, también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

Los jueces aclararon además que la sentencia no obstaculiza la función del Congreso en el tratamiento del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024 y sigue en examen en la Cámara de Diputados.

“La Corte Suprema ha ejercido un liderazgo en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años, y no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto. La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”, agrega el escrito.

El Máximo Tribunal subrayó que la controversia sobre el artículo 154 del DNU y la vigencia de la ley 26.737, que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales, “no ha sido resuelta en este caso”.

“La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento. De modo que no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de los ministros sobre el referido régimen”, concluye el comunicado.