Discapacidad: el Gobierno negocia con Pro y la UCR y define el miércoles en Diputados

El Gobierno negocia con Pro y la UCR un nuevo proyecto sobre discapacidad que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto original del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, los libertarios buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones. La definición se juega el miércoles a las 12, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad de la Cámara de Diputados.

Se trata de una salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que reabrió roces dentro del gabinete y lo enfrentó con sus socios parlamentarios. El jefe de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, llevan la negociación hacia adentro del Gobierno para conseguir margen frente a los aliados.

La discusión corre por dos carriles conectados entre sí. Mientras la libertaria Laura Rodríguez Machado intercambia borradores y condiciones con los bloques aliados, Menem y Santilli presionan para que Economía avale el acuerdo. El equipo económico ya fijó los límites presupuestarios, y Salud y Legal y Técnica intervienen en la letra chica.

El cronograma que se votó en la última sesión marca el ritmo. El oficialismo necesita llegar al plenario con un texto capaz de reunir a los dialoguistas antes de que la oposición imponga el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.

Los libertarios pretenden conservar una definición política: terminar con la lógica de las sucesivas emergencias y reemplazarla por una ley permanente, con recursos previstos cada año en el Presupuesto. “Solicitar nuevas prórrogas de emergencia representa una continuidad del modelo excepcional”, argumentan en La Libertad Avanza.

Los aliados comparten ese objetivo, pero pusieron condiciones. Pro y la UCR reclaman que se mantenga el nomenclador, que las prestaciones sigan actualizándose y que el Gobierno cumpla con la compensación a los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. “Todo el fin de semana fueron y vinieron mensajes en este sentido”, contó un referente libertario. El cronograma de pago, anticipó, será incorporado al texto.

El giro respecto del planteo original es significativo. Tanto el proyecto sobre discapacidad que el Ejecutivo envió al Senado en abril como el presupuesto 2027 proponen eliminar los aranceles únicos y universales del nomenclador y desligar de la inflación las prestaciones financiadas por el Estado, como PAMI e Incluir Salud.

Donde el Gobierno no quiere ceder es en las pensiones. El planteo inicial establecía una incompatibilidad absoluta entre el beneficio y un empleo formal, una posición que se flexibilizó durante las conversaciones. Los libertarios ya no hablan de una prohibición total, pero sí pretenden fijar criterios más rigurosos para acceder a una pensión por discapacidad. Todavía quedan “horas de trabajo”, reconocen de ambos lados de la negociación.

La definición también dependerá de Economía. El lunes, Menem y Santilli llevarán el tema a la reunión de Gabinete y el martes volverá a discutirse en la mesa política. El argumento será político: ceder ahora en algunos puntos para evitar que la discapacidad vuelva a reunir después una mayoría adversa en el recinto. El objetivo es evitar que se repita lo ocurrido en diciembre, cuando el oficialismo perdió un capítulo completo del presupuesto durante la votación en Diputados.

La letra chica se terminará de definir el miércoles. Si prospera, resta resolver cómo se instrumentará el acuerdo: si habrá una ley independiente y se eliminarán del presupuesto los artículos que modifican la normativa vigente, o si toda la negociación quedará incorporada al propio proyecto de gastos e ingresos.