Reelección de intendentes bonaerenses: presión y negociación por la ley que frena 80 mandatos

La discusión por la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses volvió al centro de la escena política. Cerca de 80 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires terminan su mandato en 2027 y no podrán volver a presentarse porque la ley vigente se los impide. Ninguna fuerza cuenta por sí sola con los votos para modificar la norma, pero las versiones sobre negociaciones siguen agitando la Legislatura.

En los últimos días, dirigentes de La Libertad Avanza y de Pro salieron a desmentir entendimientos con el kicillofismo para restablecer las reelecciones. Mauricio Macri y Cristian Ritondo hicieron público el rechazo partidario a cambiar la legislación. Voceros del radicalismo también negaron conversaciones con la gobernación, mientras que los libertarios Sebastián Pareja y Diego Santilli insistieron en que no acompañarán una reforma de ese tipo.

Del lado del oficialismo provincial, que concentra la mayor cantidad de intendentes alcanzados por la restricción, Axel Kicillof no logró reunir voluntades propias para avanzar con el proyecto de la senadora Ayelén Durán, que propone eliminar el límite. La iniciativa, presentada en 2025, sigue sin tratamiento en la Cámara alta.

La cuestión atraviesa a casi todo el arco político. De los intendentes inhabilitados para competir, 51 pertenecen al peronismo en sus distintas versiones, 16 a la UCR, siete a Pro, cinco a fuerzas vecinales y uno a La Libertad Avanza. La magnitud de las cifras explica la presión para cambiar las reglas y deja a la vista que la tentación de perpetuarse en los cargos no distingue fronteras partidarias.

Con el correr de las semanas, la intención de aferrarse a los cargos se fue transformando en una negociación de mayor alcance. En el peronismo se habla de redoblar esfuerzos para alcanzar acuerdos internos y poner sobre la mesa cuestiones de peso institucional: negociar avales legislativos a cambio de completar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, definir el calendario electoral de 2027 o avanzar con el presupuesto, la ley fiscal y el endeudamiento que reclama el gobernador.

El Frente Renovador, que junto con el macrismo impulsó en 2016 la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas, asegura que no está dispuesto a modificarla. Sin embargo, trascendió que no se opondría si el kicillofismo consigue los votos por otras vías. Entre esas alternativas aparece la posibilidad de judicializar la cuestión, un camino ya ensayado en otras oportunidades sin resultados favorables.

Lo que en un principio pudo haber sido un globo de ensayo para tantear voluntades y conseguir mayorías especiales derivó en algo más preocupante. Las maniobras para sortear la prohibición, desde los cuestionamientos judiciales hasta el impulso de cartas orgánicas municipales que permitan fijar regímenes electorales propios, muestran que el propósito de fondo sigue intacto. El caso de Castelli, cuyo intendente, Francisco Echarren, promueve una reforma de ese tipo, es un ejemplo. También lo fueron los intentos fallidos por ampliar la cantidad de miembros de la Legislatura.

La ley que hoy limita las reelecciones no llegó intacta hasta el presente. Fue sancionada durante la gobernación de María Eugenia Vidal y estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores y otros cargos electivos. Su espíritu apuntaba a poner un límite a la permanencia indefinida en el poder y favorecer la renovación política. Sin embargo, una reglamentación posterior dispuso que solo debía computarse como mandato completo aquel en el que el funcionario hubiera ejercido más de dos años, lo que abrió la puerta a licencias estratégicas y movimientos administrativos.

En 2021 llegó otra modificación que alteró el punto de partida para contabilizar los mandatos y habilitó un período adicional para varios intendentes. La norma fue perdiendo eficacia a fuerza de excepciones, interpretaciones y conveniencias coyunturales. Salvo excepciones, los intendentes involucrados mantienen un silencio que difícilmente pueda leerse de otra manera que no sea complicidad, sin pronunciamientos contundentes en defensa de la alternancia.

La alternancia y la periodicidad en los mandatos no constituyen un castigo para quienes gobiernan. Son una garantía para los ciudadanos y una condición indispensable para evitar que el poder termine convertido en patrimonio de quienes lo ejercen. Ninguna urgencia electoral, interna partidaria o negociación de cargos justifica desnaturalizar ese principio.