El ajuste fiscal se desplaza hacia zonas sensibles: el gasto no indexado debe caer 6%

El Gobierno enfrenta un escenario fiscal cada vez más tensionado. Para cumplir la meta de superávit del 1,4% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional, el gasto primario no indexado deberá caer otro 6% real, según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal dirigido por Nadin Argañaraz. Este bloque representa el 45% del presupuesto total e incluye salarios públicos, obra pública, transferencias a provincias, subsidios y programas sociales.

La recaudación tributaria muestra una brecha creciente con las proyecciones oficiales. Mientras el presupuesto 2026 estima una suba real de 6,7% en ingresos, los primeros cuatro meses del año acumulan una caída real interanual de 6,7%. Para alcanzar la meta, la recaudación tendría que crecer 13,2% real interanual en los últimos ocho meses, un escenario que Argañaraz considera imposible de cumplir. El Iaraf proyecta una caída real de 2,3% interanual para todo el año.

En el primer cuatrimestre, el comportamiento de ambos componentes del gasto primario fue dispar. Mientras el gasto indexado (jubilaciones, pensiones, asignaciones y AUH) subió 1,5% real, el no indexado se derrumbó 8,6%. Las partidas más castigadas incluyen transferencias corrientes a provincias (42,4%), programas sociales (27,5%), otros gastos de funcionamiento (20,5%) y transporte (19,8%).

La dinámica refleja un cambio fundamental en la estrategia de ajuste. Durante 2024, el Gobierno licuó jubilaciones y prestaciones en medio de la aceleración inflacionaria. Pero con esas partidas recuperando casi todo lo perdido frente a 2023, la presión fiscal se desplaza hacia sectores políticamente más sensibles. Las proyecciones más extremas del Iaraf muestran que si los ingresos tributarios cayeran 5% real, el gasto no indexado tendría que contraerse 10,8% para sostener la meta.

El impacto sobre el nivel de gasto total será profundo. Proyectando al cierre de año, el gasto primario total caería 29% en términos reales respecto de 2023, casi enteramente explicado por la contracción del no indexado con una baja de 47%. En contraste, el indexado terminaría apenas 0,8% por debajo del nivel de tres años atrás.

Las transferencias de capital a provincias registran la mayor caída relativa: pasaron de 0,43 puntos del PBI en 2023 a 0,03 puntos en abril, un derrumbe de 93%. Les siguen obra pública nacional (73%), transferencias no automáticas a provincias (68%), programas sociales (57%), subsidios energéticos (51%) y partidas universitarias (37%).

La eventual sanción de la ley de financiamiento universitario, actualmente judicializada, añade complejidad al cuadro. Su costo fiscal estimado en 0,23% del PBI tendría que compensarse con nuevos recortes. El Iaraf advierte que esto profundizaría el ajuste del gasto no indexado de 8,8% a 11% en los últimos ocho meses del año.

El Fondo Monetario aprobó en su segunda revisión del programa que el Gobierno mantendrá el equilibrio mediante mayores reducciones en subsidios a la energía, mejor focalización de transferencias sociales y contención del gasto discrecional para contrarrestar iniciativas de gasto del Congreso. Sin embargo, la brecha entre recaudación proyectada y realidad complica la viabilidad de este sendero.