El Gobierno prepara un nuevo paquete desregulador: medicamentos, navegación e inmobiliario

El Gobierno tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso en los próximos días. La iniciativa contempla cambios en la venta de medicamentos, la navegación fluvial y el mercado inmobiliario, y apunta a modificar regulaciones históricas en sectores sensibles de la economía.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, trabaja en la redacción del texto. Desde la cartera aseguran que el documento ya está completo. "Hay que tener las cosas escritas para cuando haya una reunión y surja la oportunidad", sostienen funcionarios del Poder Ejecutivo.

Según pudo saber Demo Diario de fuentes oficiales, se trata de modificaciones a tres decretos-leyes: cabotaje (19.492), farmacias (17.565) y corredores inmobiliarios (25.028). Las medidas apuntan a reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada en estas actividades económicas.

Uno de los capítulos centrales del paquete se enfoca en la navegación y el cabotaje en ríos argentinos. El Gobierno busca reflotar por ley parte de los cambios incluidos en el DNU 340/2025, rechazado por el Congreso, que avanzaba sobre la apertura del transporte fluvial a buques extranjeros.

Actualmente el cabotaje nacional está reservado a embarcaciones argentinas con tripulación e oficiales locales. El proyecto habilitaría barcos extranjeros a operar como naves locales mediante permisos temporarios de hasta 180 días renovables. Desde la Casa Rosada sostienen que la apertura reduciría costos logísticos y mejoraría la competitividad exportadora, especialmente en provincias del norte.

Otro cambio significativo impactaría la comercialización de medicamentos. Actualmente, salvo Farmacity que ganó un amparo judicial, las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias bajo supervisión farmacéutica. El Gobierno busca flexibilizar ese esquema y permitir que medicamentos de venta libre se exhiban en góndolas y se comercialicen fuera de farmacias.

La iniciativa habilitaría la venta de analgésicos y antiácidos en otros establecimientos comerciales y ampliaría la comercialización online con entrega a domicilio. El objetivo es eliminar la exclusividad de la farmacia física como único canal de expendio para determinados productos. Parte de estos cambios ya había sido incorporada en el DNU 70/23 impulsado por Javier Milei, pero algunos artículos fueron suspendidos cautelarmente por la Justicia tras planteos de entidades farmacéuticas.

El paquete incluye también una desregulación fuerte del mercado inmobiliario. La ley actual exige título universitario y matrícula habilitante para ejercer como corredor o martillero público. El Gobierno eliminaría esos requisitos y permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.

Desde la cartera de Sturzenegger sostienen que la matriculación obligatoria funciona como barrera de entrada que encarece las operaciones y restringe la competencia. La intención es eliminar la obligatoriedad de los colegios profesionales y reducir los costos de intermediación que afrontan compradores y vendedores. El oficialismo considera que la apertura podría facilitar las transacciones y ampliar la oferta de servicios.

Por fuera de este paquete, el Gobierno también analiza avanzar contra la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal. La norma, sancionada en 2022, obliga a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, además de leyendas precautorias por cafeína y edulcorantes.

Existe presión de sectores de la industria alimenticia para derogar o modificar la legislación. Desde el Ministerio de Desregulación argumentan que el Mercosur no tiene criterios uniformes de etiquetado y que las empresas deben adaptar envases según el país de destino, lo que incrementa costos logísticos y de producción. Uruguay utiliza octógonos con parámetros diferentes y Brasil aplica otro mecanismo de advertencias nutricionales focalizando en azúcares y grasas.

Se trata de medidas de alto impacto económico y político que supondrán duras negociaciones para el Gobierno en el Congreso, donde varias de estas reformas ya enfrentaron resistencias judiciales, sectoriales y parlamentarias en intentos anteriores.