Green card: nueva regla de Trump amplía el control sobre ayudas públicas desde septiembre

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) oficializó la eliminación de la regla de 2022 sobre inadmisibilidad por carga pública. La nueva disposición entrará en vigor el 18 de septiembre y se aplicará a las solicitudes de ajuste de estatus enviadas por correo o de forma electrónica desde esa fecha.

La normativa amplía la discrecionalidad de los oficiales de inmigración para rechazar una solicitud si, tras evaluar todas las circunstancias, determinan que el extranjero se convertirá en una carga pública. El uso de un beneficio no alcanza por sí solo para declarar su inadmisibilidad, pero ahora los oficiales podrán considerar una gama más amplia de ayudas públicas.

Según la norma publicada en el Registro Federal, los oficiales podrán evaluar si el solicitante pidió, fue aprobado o utilizó beneficios públicos sujetos a una verificación de ingresos. Desde el 18 de septiembre, el análisis dejará de limitarse a la asistencia monetaria para manutención y a la institucionalización prolongada financiada por el gobierno. El DHS sostiene que el uso de estos recursos es un indicador relevante sobre la capacidad del individuo para mantenerse por sus propios medios en el futuro.

La evaluación incluirá cinco factores mínimos establecidos por la legislación, entre ellos la edad, la salud, el estado familiar, los recursos económicos y la educación del solicitante. Los oficiales también podrán tomar en cuenta otros elementos que consideren pertinentes para estimar si el solicitante probablemente se convertirá en una carga pública.

La regla eliminada, promulgada en 2022, establecía un marco de siete factores para evaluar la totalidad de las circunstancias, pero limitaba la consideración de beneficios a la asistencia pública en efectivo. El DHS argumenta que ese sistema actuaba como una “camisa de fuerza” para el personal migratorio, impidiendo considerar información adicional pertinente.

Las ayudas no monetarias que estaban excluidas por la regla de 2022 y que fueron recibidas únicamente antes del 18 de septiembre de 2026 no serán consideradas bajo el nuevo criterio. Asimismo, los beneficios públicos que no requieran una verificación de ingresos quedan fuera del escrutinio, como el Seguro Social, las pensiones gubernamentales y los pagos por desempleo.

Por regla general, el DHS no considerará como propias del solicitante las ayudas recibidas por familiares, incluidos sus hijos ciudadanos. No obstante, podrá evaluar la situación financiera del aspirante si existen pruebas de que un familiar al que está legalmente obligado a mantener recibe beneficios debido a que sus ingresos están por debajo del límite exigido, o si esas ayudas constituyen la fuente de sustento del solicitante.

Varios grupos conservan exenciones establecidas por la legislación, como los refugiados y asilados que solicitan el ajuste bajo disposiciones específicas, determinados beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano y personas protegidas por categorías humanitarias como VAWA. La aplicación depende de la categoría migratoria utilizada para pedir la residencia.

Fuente: Lanacion.