La inseguridad alimentaria severa creció en Argentina: 550.000 hogares más que en 2010

La proporción de hogares argentinos con riesgo elevado de sufrir hambre e inseguridad alimentaria severa pasó del 7,9% al 9,5% entre 2010 y 2022, un aumento de 1,55 puntos porcentuales. En términos absolutos, la cantidad de hogares en esa situación crítica saltó de 961.562 a más de 1.513.000, lo que equivale a 550.000 hogares más en apenas doce años. Los datos surgen de una investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA), que articuló la Encuesta de la Deuda Social Argentina con los censos nacionales de 2010 y 2022.

Agustín Salvia, director del ODSA y coordinador del estudio, sostuvo que cerca de uno de cada diez hogares argentinos atraviesa privaciones severas para acceder a los alimentos básicos. Ese registro coincide con el indicador de indigencia que reporta el Indec, según explicó el sociólogo.

El informe georreferenció el riesgo alimentario en provincias, departamentos y municipios. Pero Salvia remarcó que el valor principal de la investigación está en comprender las causas profundas del fenómeno. "Las provincias con mayores índices muestran una pobreza estructural y crónica. Esta situación se debe, fundamentalmente, a que la vida económica de las familias se desarrolla en contextos de alta informalidad, precariedad laboral y actividades de muy baja productividad", afirmó.

El fenómeno ocurre pese a una expansión histórica de la ayuda social. En las últimas dos décadas, los programas de asistencia directa y transferencias de ingresos crecieron hasta cubrir al 38,1% de los hogares en 2025, frente al 24,4% en 2010, y hasta el 48% del financiamiento de la canasta básica alimentaria de una familia tipo, un aumento de 18 puntos desde 2010. Esa contención amortiguó la indigencia en el noreste y el noroeste, donde provincias como Formosa, Santiago del Estero y Misiones mostraron leves descensos. Aun así, Salvia aclaró que la ayuda evita que la situación empeore, pero no resuelve el problema de fondo.

El norte argentino sigue concentrando los promedios regionales más altos en 2022, liderados por el NEA con 15,8% y el NOA con 14,2%. Sin embargo, el mayor deterioro desde 2010 se registró en provincias con mayor desarrollo económico y perfil productivo. Mendoza casi duplicó su población en riesgo severo al pasar de 34.880 a 61.464 hogares, un incremento del 76%. Santa Fe subió un 63%, de 72.603 a 118.345 hogares, y el conurbano bonaerense alcanzó los 338.445 hogares afectados.

"Para explicar esta evolución, hay que considerar el proceso de deterioro de las actividades comerciales y de la construcción", señaló Salvia. El sociólogo apuntó al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y protección del mercado interno, iniciado entre 2014 y 2015, al que se sumaron la crisis de 2018, la pandemia, la alta inflación y los ajustes recientes. La caída de la industria, el comercio y la construcción expulsó a miles de trabajadores formales hacia la informalidad y las changas. "Cuando un trabajador industrial no puede reconvertirse laboralmente para trabajar en la minería, por ejemplo, en San Juan o en Vaca Muerta, ni insertarse en sectores como la industria eléctrica o el sistema bancario, queda expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad", explicó.

El estudio detectó un fenómeno paradójico: la brecha entre provincias se redujo entre 2010 y la actualidad. "Actualmente hay una menor brecha, lo que significa que la desigualdad entre las provincias disminuyó. Esta reducción ocurrió porque las provincias que estaban en peor situación mejoraron, mientras que las que estaban mejor empeoraron; específicamente, en cuanto al riesgo alimentario", detalló. El acortamiento no respondió a una mejora estructural del norte, sino al rápido deterioro de jurisdicciones prósperas como la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego.

En materia de salud, Salvia aclaró que en Argentina la inseguridad alimentaria no suele derivar en desnutrición aguda ni en mortalidad infantil masiva, gracias a la red de contención sanitaria. El problema se manifiesta como una malnutrición estructural: "Obesidad, problemas alimentarios y un desarrollo más débil de las capacidades neuronales, fisiológicas y físicas, cognitivo y neuronal con efectos observables especialmente entre niños y adolescentes". Para el especialista, esa es la consecuencia más grave del deterioro alimentario.

Sobre el rol del Estado, Salvia sostuvo que la ayuda social es indispensable. "Sin los programas sociales, la situación sería mucho más grave: esa población podría duplicarse y superar los 3.000.000 de hogares en situación de inseguridad alimentaria severa", advirtió. No obstante, planteó que la salida no pasa por multiplicar los planes, porque las transferencias públicas no generan valor genuino, sino por generar actividades económicas, migración e inversiones.

El informe también reveló una persistencia inflexible de la marginación territorial: 17 de los 20 departamentos más críticos en 2010 volvieron a ser los de mayor riesgo en 2022, encabezados por Ramón Lista (Formosa), Rivadavia (Salta) y Bermejo (Chaco). En esos espacios rurales e indígenas, la vulnerabilidad se asocia a la falta de agua potable, energía y aislamiento. Salvia agregó que la falta de conectividad a internet actúa como un predictor directo del riesgo alimentario: "No tener acceso a internet representa una barrera para cualquier proceso de inclusión social. Todavía hay poblaciones y hogares que no cuentan con ella, y esos hogares se encuentran entre los que presentan mayores niveles de vulnerabilidad".