Un juez declaró secreto un expediente sobre el puerto de Ushuaia

El Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, declaró reservadas las actuaciones de un amparo que buscaba obtener información pública sobre la intervención federal del puerto de Ushuaia. La medida dejó el expediente fuera del alcance de la consulta pública y generó cuestionamientos porque el objeto de la causa era, justamente, garantizar el acceso a datos que el Estado había negado.

El amparo se inició después de que se pidieran datos sobre designaciones, remuneraciones, contrataciones y movimientos de fondos de la intervención que ejerce la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en la administración portuaria. Durante el trámite, el organismo entregó parte de la documentación al juzgado, pero solicitó mantenerla bajo reserva por la existencia de datos personales. El juez aceptó el planteo.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) manifestó su preocupación y sostuvo que la decisión se aparta de los estándares vigentes en materia de acceso a la información. La entidad recordó que la remuneración de los funcionarios públicos no constituye un dato sensible y señaló que, frente a información específicamente protegida, corresponde evaluar su separación o reserva parcial antes que cerrar un expediente completo.

La paradoja que advierten los especialistas es concreta: se restringió el acceso a una causa cuyo fin era ampliar el acceso a información. Para el periodismo, el punto es sensible, porque la libertad de expresión no se limita a publicar lo que ya se conoce, sino que incluye investigar, preguntar y consultar documentos públicos para controlar los actos del Estado. En ese marco, los amparos por acceso a la información se volvieron una vía cada vez más frecuente para destrabar respuestas de organismos públicos.

El problema adquiere otra dimensión por la magnitud de los recursos involucrados. La intervención está a cargo de la Anpyn, mientras que la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP S.A.U.) participa de tareas administrativas y del manejo de fondos. Se trata de una sociedad estatal cuya disolución y posterior liquidación fue dispuesta por el actual gobierno mediante el decreto 3/2025.

A pesar de encontrarse en liquidación, durante 2026 la AGP continuó convocando licitaciones millonarias vinculadas con el puerto de Ushuaia, algunas por cientos de millones de pesos y otras por varios millones de dólares. Esa circunstancia no permite prejuzgar sobre la legalidad de las contrataciones, pero vuelve más necesario conocerlas, ya que transparencia no equivale a culpabilidad, sino a control.

Si un organismo puede negar información, obligar al solicitante a recurrir a la Justicia y, una vez iniciado el amparo, obtener la reserva del expediente, el derecho de acceso corre el riesgo de quedar atrapado en un círculo perfecto: primero el silencio administrativo, después el secreto judicial.

Fopea pidió revisar la decisión. Lo que queda en discusión es qué grado de transparencia deben garantizar las instituciones cuando se pregunta por el destino del dinero público. En una república, la regla que sostienen los especialistas es sencilla: a mayor cantidad de recursos públicos administrados, mayor transparencia. Nunca al revés.