Ley de Dignidad: los beneficios que otorgaría a migrantes en EE.UU.
La iniciativa de la republicana María Elvira Salazar propone regularizar a indocumentados de larga data y reformar el sistema de asilo.


La representante republicana por Florida María Elvira Salazar impulsa nuevamente el proyecto de Ley de Dignidad (Dignity Act), que busca reformar el sistema migratorio de Estados Unidos. La propuesta establece un marco legal para regularizar el estatus de ciertos inmigrantes indocumentados y modifica el sistema de asilo.
Según explicó Salazar en un comunicado, la ley otorga autorización para trabajar de forma regular dentro del país. Los beneficiarios también podrían viajar bajo el amparo de la ley. Para acceder, deben registrarse ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentar información biométrica completa y superar verificaciones de antecedentes, demostrando que no tienen historial criminal.
La iniciativa incluye disposiciones específicas para los beneficiarios del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Estas personas podrían obtener un estatus de residencia permanente condicional por diez años, con la opción de avanzar hacia la residencia permanente definitiva y, eventualmente, solicitar la ciudadanía.
En cuanto al asilo, la ley propone campus humanitarios en la frontera donde los solicitantes permanecerían mientras se resuelven sus casos. El proyecto establece un plazo máximo de 60 días para resolver las solicitudes, reemplazando la práctica de captura y liberación. Además, contempla el despliegue de tecnología avanzada (radares, drones y sensores) para la vigilancia fronteriza y el incremento del personal de la Patrulla Fronteriza. También impone la implementación obligatoria del sistema E-Verify para verificar la elegibilidad laboral.
El proyecto, registrado como H.R. 4393, debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, y luego firmado por el presidente. Su última acción fue el 16 de julio de 2025, cuando fue remitido al Subcomité de Seguridad y Aplicación de la Ley Fronteriza. Salazar defendió la iniciativa como un mecanismo basado en requisitos específicos y rechazó que sea una amnistía. “Si queremos seguir siendo el ejército número uno del mundo, necesitamos seguir siendo la economía número uno del mundo. Y si no tenemos manos para hacer que esa economía crezca, no estoy segura de cómo vamos a lograrlo”, declaró. El financiamiento proviene del aporte de los participantes, que asciende a 7000 dólares distribuidos en siete años.
Fuente: Lanacion.
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