Ley de semillas: el Gobierno, la industria y los ruralistas ven más cerca un acuerdo

ROSARIO.- Tras meses de reuniones, el Gobierno, la industria semillera y las entidades del campo ven más cerca un acuerdo para reformar el sistema de semillas. Así lo manifestaron los representantes de los tres sectores durante un panel realizado en el Congreso de Aapresid, donde coincidieron en destacar los avances del diálogo. “Estamos cada vez más cerca”, “creo que nos vamos a terminar poniendo de acuerdo” y “no estamos tan lejos” fueron algunas de las frases que reflejaron ese clima, aunque reconocieron que persisten diferencias por resolver.

El debate reunió a Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase); Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA); Pablo Ginestet, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y referente de la Comisión de Agricultura de CRA, y Marcelo Torres, presidente de Aapresid. La moderación estuvo a cargo de Ignacio Garciarena, secretario de la Fundación Barbechando.

Todos coincidieron en que la ley de semillas de 1973 quedó desactualizada y ya no acompaña los cambios que tuvo la agricultura. “Hoy tenemos una ley del año 1973 que quedó vieja, que no nos permite evolucionar en casi ninguno de los aspectos”, dijo Famulari. Explicó que hoy alcanza con acreditar el origen legal de una semilla para poder multiplicarla “hasta el infinito en tiempo y en cantidad” y sostuvo que es necesario avanzar hacia “un lugar moderno, más adaptado a lo que es el mundo”.

Paseyro compartió ese diagnóstico. Recordó que la Argentina fue pionera con esa legislación y señaló que hoy el desafío es recuperar ese liderazgo con reglas que den previsibilidad a las inversiones en mejoramiento genético. “Lo que necesitamos es volver a recuperar ese protagonismo que tuvimos hace 50 años”, afirmó.

Más allá de las diferencias que siguen abiertas, los cuatro participantes coincidieron en que el diálogo avanzó y que hoy las posiciones están más cerca que cuando comenzaron las reuniones. Famulari recordó que las primeras conversaciones estuvieron marcadas por la desconfianza y los prejuicios, mientras que hoy varios de los temas centrales ya tienen puntos de coincidencia. “La primera reunión que tuvimos, la producción dijo: ‘Tenemos que pagar’. Nunca había pasado que la producción sola, por voluntad propia, entendiera que hay que pagar por uso propio”, afirmó. Además, resumió cómo evolucionó ese proceso: “Al principio estábamos enfrente, nos ladrábamos y hoy cambió un montón la cosa. Creo que lo vamos a lograr”.

Desde el sector productivo también transmitieron ese optimismo. Ginestet sostuvo que el objetivo es construir un sistema que dé previsibilidad tanto a quienes producen semillas como a quienes las utilizan. También remarcó que el desafío es dejar claramente definidos los derechos del obtentor y del productor para evitar conflictos futuros. “Yo creo que nos vamos a terminar poniendo de acuerdo. No estamos tan lejos”, aseguró.

Torres coincidió con ese diagnóstico. Recordó que las primeras reuniones se dieron solo entre las entidades de productores y que luego se decidió incorporar a todos los actores de la cadena. A su entender, ese cambio permitió entender mejor las distintas posiciones y empezar a construir acuerdos. “Teniendo buenas conversaciones, sería poco probable que no lleguemos a un acuerdo”, afirmó.

Uno de los temas que más diferencias genera entre productores y empresas semilleras es el uso propio. Esta vez, el eje ya no pasó por si esa práctica debía seguir existiendo, sino por definir en qué casos corresponde pagar por el uso de la genética y cómo implementar ese esquema.

“El uso propio es una práctica. El productor lo hace y eso no va a desaparecer nunca”, sostuvo Paseyro. Torres dijo que uno de los acuerdos que empezó a construirse es el del “uso propio incremental”. Sostuvo que, cuando un productor amplía la superficie sembrada con la misma genética, “no hay mucha discusión: hay que pagarla”. Agregó que ahora resta definir cómo se implementará ese esquema para incentivar la inversión sin afectar la rentabilidad del productor.

Ginestet coincidió en que todavía quedan aspectos importantes por resolver. Mencionó el alcance del derecho del obtentor, las variedades esencialmente derivadas, la incorporación de la biotecnología y las patentes. “Hay veces que es más de práctica, de cómo lo podemos llevar adelante. El diálogo está abierto y la mente abierta para tratar de resolver todo esto”, afirmó.

Las diferencias aparecen principalmente en torno a UPOV 91. Famulari recordó que el Gobierno se comprometió a enviar la adhesión al Congreso, aunque aclaró que lo importante será cómo se reglamente. Desde ASA respaldaron ese camino y sostuvieron que avanzar hacia UPOV 91 daría previsibilidad a las inversiones y facilitaría la llegada de nuevos materiales genéticos.

Del lado de la producción, la propuesta fue otra. Ginestet planteó que la discusión no debería limitarse a elegir entre UPOV 78 y UPOV 91. “Yo digo que hagamos un UPOV 2026”, afirmó. Explicó que desde que se redactó el convenio de 1991 aparecieron herramientas como la edición génica y nuevos desarrollos biotecnológicos que deberían contemplarse en la futura normativa. También defendió que el resultado quede plasmado en una ley y no solamente en una resolución administrativa. “No creo que tenga que ser UPOV 78, UPOV 91 o nada. Tenemos que ser capaces de encontrar algo intermedio”, sostuvo.

Señaló que una ley daría mayor seguridad jurídica y evitaría que el esquema dependa de una resolución que pueda modificarse con un cambio de gobierno.

Fuente: Lanacion.