Nueva York habilita demandas contra agentes de ICE por abuso de autoridad

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la Asamblea estatal aprobaron un conjunto de normas para proteger a los ciudadanos “contra la aplicación agresiva de las leyes federales de inmigración”. Entre las medidas más destacadas, se crea un derecho de acción que permite presentar demandas contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presuntas violaciones a derechos constitucionales.

La iniciativa forma parte del presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 y, según el gobierno neoyorquino, busca establecer mecanismos de control frente a actuaciones de funcionarios públicos durante procedimientos migratorios. La nueva legislación tiene efecto retroactivo al 1° de enero de 2025, por lo que hechos ocurridos desde esa fecha podrán ser revisados por la justicia estatal.

El paquete también incluye la Local Cops, Local Crimes Act, que dispone que los recursos policiales y municipales se destinen exclusivamente a funciones de seguridad pública dentro del estado, evitando así la colaboración en tareas de control migratorio civil. Se prohíben acuerdos de cooperación como los del programa 287(g) y se limitan los ingresos de autoridades migratorias a lugares sensibles, salvo orden judicial.

La medida llega en un contexto de tensión por los operativos del ICE en Nueva York. El 30 de julio, Linda Wolff, de 72 años, fue rociada con gas pimienta por un agente federal mientras registraba con su celular una intervención en el barrio de Inwood, Manhattan. “Sé cómo ser una manifestante tranquila”, dijo Wolff a Gothamist, y negó haber tenido contacto físico o actitudes agresivas. Su abogado, John Burris, calificó la actuación como “un acto puramente punitivo”.

La gobernadora Hochul repudió el hecho en su cuenta de X: “Nadie está por encima de la ley. Rociar gas pimienta a una mujer de 72 años por ejercer sus derechos constitucionales es escandaloso”. Y agregó: “Por eso exactamente amplié el derecho a emprender acciones legales contra funcionarios federales que abusan de su autoridad”.

La nueva ley también protege el acceso a la educación pública para todos los estudiantes, independientemente de su situación migratoria, y refuerza la protección de espacios públicos como escuelas, hospitales y tribunales.

Fuente: Lanacion.