SIRA: la corrupción en el control de cambios que movió US$ 1000 millones

Un esquema de corrupción vinculado al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) habría movilizado más de US$ 1000 millones en pagos ilegales durante 2023, según la investigación del fiscal federal Franco Picardi. El caso, que surgió de escuchas telefónicas entre operadores mafiosos, expone una red interconectada de agencias de cambio y funcionarios estatales que aprovechaban el control de divisas para lucrar de manera sistemática.

La causa radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo pone en el centro a personajes como Martín Migueles, Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Ariel Vallejo, quienes operaban con presunta connivencia de funcionarios del Banco Central, la Secretaría de Comercio y la AFIP. Según las grabaciones, los intermediarios cobraban entre un 10% y 15% del valor de las importaciones para agilizar la aprobación de trámites SIRA, permitiendo a estos operadores acceder a dólares al tipo de cambio oficial que luego vendían en el mercado paralelo con márgenes superiores al 100%.

El mecanismo funcionaba de forma simple pero efectiva: los operadores obtenían aprobaciones para importaciones mientras el país sufría restricciones cambiarias que impedían el acceso a divisas para medicamentos o bienes de capital. En 2023, Argentina importó bienes por 73.714 millones de dólares, lo que sugiere que la magnitud de los sobornos pudo haber sido aún mayor a los US$ 1000 millones estimados por la fiscalía. Picardi trabaja en identificar la escala de responsabilidades en la cadena de complicidad estatal.

El control de cambios en Argentina tiene una larga historia de generar incentivos perversos para la corrupción. José Félix Uriburu impuso el primer control en 1931, iniciando un ciclo que se repitió durante décadas. Hubo breves períodos sin restricciones entre 1959-1962, 1967-1970 y 1979-1982, además de los once años de convertibilidad desde 1991 hasta el colapso de 2001. Desde entonces, la Argentina reinició una serie de mecanismos de restricción que, sistemáticamente, generaron oportunidades de corrupción.

En 2011, el gobierno de Cristina Fernández institucionalizó la discrecionalidad caso por caso con el cepo cambiario. Guillermo Moreno, secretario de Comercio, impulsó prácticas arbitrarias como la exigencia de paridad exportadora para importadores. En 2012 formalizó el mecanismo mediante la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI). Posteriormente, en 2018 llegaron las SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) que demoraban licencias sin transparencia. Las SIRA, implementadas en 2022, fueron el pináculo de la arbitrariedad: requería aprobación simultánea de AFIP, Aduana, Secretaría de Comercio y Banco Central.

Según Picardi, Migueles intermediaba a través de contactos en la Secretaría de Comercio y otros organismos para obtener aprobaciones a cambio de sobornos. Estos contactos percibían sus porcentajes sin que, aparentemente, las máximas autoridades de los organismos involucrados desconocieran la operatoria. En los círculos de despachantes e importadores, se comentaba abiertamente que las coimas se pagaban en habitaciones de hoteles o en oficinas de Puerto Madero, según denunció el analista Carlos Pagni.

La investigación de Picardi sugiere dimensiones superiores a la conocida causa Cuadernos, aunque con menor repercusión pública porque no involucra a grandes empresarios visibles. Sin embargo, ambos casos comparten una característica central: no son hechos aislados ejecutados por individuos anónimos, sino asociaciones ilícitas de funcionarios de alto nivel organizadas para lucrar masivamente.