Un padre murió 20 minutos después de una inyección en una clínica clandestina de González Catán

Damián perdió a su padre el 4 de enero tras llevarlo a la clínica Argentina Salud en González Catán, un establecimiento que operaba de manera clandestina e integraría una red dedicada a falsificar documentación médica. En una entrevista televisiva, el hijo contó que el paciente falleció apenas veinte minutos después de recibir una inyección de ketorolac y regresar a su domicilio.

"Vivo a dos cuadras. Traje a mi papá porque tenía un dolor en el abdomen y le inyectaron ketorolac. A los 20 minutos falleció en mi casa. ¿Cómo puede ser que esto siga abierto?", expresó Damián con enojo durante el diálogo con TN. El hombre explicó que estaban jugando al pádel cuando el adulto comenzó con molestias abdominales y decidieron acudir a la clínica en lugar de la UPA por la cantidad de personas que esperaba.

Según su relato, en el establecimiento le realizaron un electrocardiograma, administraron la inyección y lo mandaron a su casa. "Mi papá murió en mi casa de un infarto", afirmó. Damián también contó que intentó obtener respuestas reiteradas veces: "Vine cinco veces a hablar y siempre me dijeron que el profesional que lo atendió no estaba".

Las declaraciones ocurrieron en medio de las protestas que estallaron el miércoles frente a la clínica. La Policía Federal realizó el martes 13 allanamientos simultáneos en Virrey del Pino, González Catán y Ramos Mejía. Según la investigación, la estructura habría funcionado durante cuatro o cinco años y contaba con sedes en esos tres distritos de La Matanza y Ezeiza.

Entre los detenidos están Rubén Santarceri y Gabriel Musse, quienes ya habían estado presos en una causa por homicidio relacionada con piratas del asfalto. También fueron capturados los hijos de Santarceri, Nicolás Alberto y Brian Marcelo, su esposa Noelía Sofía Luna, y Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana que nunca validó su matrícula en Argentina. Los seis son investigados como integrantes de la organización desde su origen.

La causa comenzó en diciembre del año pasado cuando la cirujana plástica Romina Neira, con consultorio en Palermo, denunció que circulaba un certificado médico falsificado con su firma. El documento incluso fue presentado durante un juicio oral. A partir de esa denuncia, la fiscalía avanzó en la investigación y detectó consultorios médicos clandestinos en distintos puntos de La Matanza y Ezeiza donde se atendían pacientes y se organizaban traslados y servicios médicos a domicilio.

En los establecimientos trabajaban estudiantes de medicina y enfermeros que utilizaban sellos y matrículas obtenidos presuntamente de bases de datos del Colegio de Médicos bonaerense para confeccionar documentación médica falsa. Al menos 50 médicos de Buenos Aires fueron afectados por estas maniobras. La investigación también detectó irregularidades vinculadas con ambulancias no habilitadas, farmacias clandestinas y adulteración de documentación sanitaria.

La causa está bajo la dirección del fiscal Fernando Garate, de la UFI descentralizada N°1 de La Matanza, y el juez de Garantías Rubén Ochipinti. Los allanamientos fueron ejecutados por la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal.