Bolivia elimina el subsidio al diésel tras aprobar un crédito del FMI por US$1900 millones

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció la eliminación total del subsidio al diésel, cuyo precio pasará a fluctuar según el mercado internacional. La medida se concretó después de que el Congreso aprobara un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1900 millones, el más alto concedido al país andino por ese organismo en los últimos años.

El préstamo, respaldado por legisladores de centro y de derecha que dominan ambas cámaras, contempla la suspensión total de las subvenciones a los combustibles y recortes al gasto público. Paz Pereira no cuenta con una mayoría legislativa sólida, pero logró el aval en un Congreso donde la izquierda gobernó durante casi dos décadas con Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

“Es la decisión más responsable con el país. Subsidio o futuro. Hay que tomar medidas, por muy duras que sean”, manifestó el mandatario en un mensaje difundido por televisión. Durante su alocución, explicó que el gobierno gasta US$55 millones semanales en el subsidio a los combustibles, una cifra que calificó como “insostenible” para la economía boliviana.

Paz Pereira anticipó que el dinero destinado a las subvenciones se reasignará a la exploración y producción de hidrocarburos. La gasolina, en cambio, mantendrá su subsidio hasta fin de año por un decreto anterior y dejará de estarlo en enero de 2027.

Para compensar el impacto, el gobierno anunció un bono para las familias de menores ingresos, créditos para la vivienda, la reprogramación de deudas tributarias y la eliminación de gravámenes para la importación de maquinaria y equipos destinados a gremios e industria. “Se están cerrando acuerdos trascendentales para Bolivia”, había anticipado el presidente.

El ministro de Economía, Christian Morales, dijo en la sesión del Senado que también se viabilizarán “otros créditos por unos US$5000 millones, que estarán destinados a inversiones, infraestructura y educación”.

La aprobación del crédito se dio un día después de que el Poder Legislativo votara a favor de ampliar por 90 días el estado de excepción, establecido por Paz Pereira tras las protestas de 53 días que paralizaron gran parte del país entre junio y julio, y en las que se pidió su renuncia.

Antes de esta medida, el gobierno ya había dispuesto un alza en el precio del diésel para grandes consumidores a mediados de agosto, pero la iniciativa no mejoró el abastecimiento. El diésel se convirtió en el carburante más escaso y afectó la producción agropecuaria, con transportistas que hacen fila hasta por tres días para abastecerse.

Bolivia debe importar casi el 85% del diésel que consume, mientras que la importación de gasolina ronda el 55% del consumo interno. Según las autoridades, el contrabando, la corrupción y el mercado negro agravaron la situación, ya que buena parte del combustible subsidiado se desvía a esos circuitos o sale del país.

La Central Obrera Boliviana (COB) y otros sindicatos rechazaron el endeudamiento externo y advirtieron que las exigencias del FMI tendrán efecto en la inflación, que el año pasado cerró en 20%, y en la economía de las familias. Los gremios anticiparon su rechazo a cualquier incremento de precios y amenazaron con reactivar las protestas.

Paz Pereira heredó problemas acumulados de gestiones anteriores, como el deterioro de la producción de gas natural, la caída en la generación de divisas, las dificultades para importar y el creciente malestar social. Para los expertos, la subvención a los combustibles representa una sangría de las finanzas públicas y es una de las causas de la peor crisis que vive Bolivia en 40 años.