California: la ley de Newsom que ocultará la dirección de quienes ayudan a inmigrantes

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 22 de agosto la ley AB 2624, que protege la privacidad de los proveedores de servicios de inmigración. La norma crea un programa de confidencialidad de direcciones ante las amenazas y el acoso que sufren quienes asisten a la población migrante.

El sistema comenzará a funcionar el 1° de octubre de 2027 bajo la órbita de la Secretaría de Estado de California. Los inscriptos podrán usar un domicilio sustituto en todos los registros públicos de agencias estatales y locales.

La entidad estatal procesará la correspondencia de los beneficiarios y actuará como su agente legal para recibir notificaciones judiciales de manera segura. El texto de la ley garantiza la reserva absoluta de la ubicación real de la vivienda, el centro de estudio o el lugar de empleo de los participantes.

Los solicitantes deberán postularse en persona ante un programa de asistencia comunitaria y recibir una orientación obligatoria con un consejero calificado. La certificación otorga una protección por cuatro años, con opción de renovación.

La legislación beneficia a proveedores, empleados y voluntarios de entidades que ofrecen servicios de apoyo a la población inmigrante. Abarca representación legal, asesoría jurídica, traducción de documentos, gestión de casos, asistencia humanitaria y servicios de salud.

El resguardo alcanza también a trabajadores de organizaciones sin fines de lucro, clínicas comunitarias y despachos de abogados autorizados. Los familiares directos que residen en el mismo domicilio que el beneficiario reciben el mismo amparo.

Los legisladores fundamentaron la medida en las agresiones físicas, campañas de difamación en internet y amenazas de muerte que sufre el personal de estas organizaciones. Informes oficiales asocian el aumento de esas conductas con el clima de hostilidad y las políticas del gobierno de Donald Trump hacia la población inmigrante.

La norma prohíbe que cualquier persona o asociación comercialice, venda o distribuya en internet la información personal o las imágenes de los participantes protegidos. La restricción rige cuando el infractor actúa con la intención de provocar daños corporales graves o intimidar a los trabajadores.

También sanciona a los deudores o individuos que publican esos datos con el fin de incitar a terceros a cometer actos de violencia. Las víctimas pueden iniciar acciones civiles para exigir la cobertura de gastos de defensa y compensaciones de hasta tres veces el daño real, o un pago mínimo de 4000 dólares.

El marco legal establece que quienes proporcionen información falsa de forma deliberada en su postulación incurrirán en un delito menor. Los beneficiarios podrán además colocar sus propiedades en fideicomisos revocables o cambiar de nombre legal para asegurar su anonimato en la compra de inmuebles.